La Audiencia confirma el procesamiento del asesor taurino de Cifuentes

La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado los recursos de apelación presentados por ambos políticos y otros diez concejales del PP contra la decisión de la juez de instrucción número 3 de Colmenar Viejo, Alicia Barba de la Torre, de continuar la investigación contra ellos por el trámite de procedimiento abreviado, paso equivalente al procesamiento. El fiscal pide para todos ellos penas de entre dos años y tres años y medio de cárcel por delito continuado contra el medio ambiente o, alternativamente, por prevaricación. El pasado 22 de marzo, Santamaría envió una carta a la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, en la que se quejaba por la investigación a la que le estaba sometiendo el ministerio público.

Las licencias de obra y de primera ocupación vulneraban el Plan General de Ordenación Urbanística de la localidad y se concedieron, en ocasiones por vía de urgencia, pese a los informes en contra de los técnicos municipales, que advertían de las irregularidades. En sus recursos, los procesados alegaban que las licencias servían para subsanar “vicios mínimos” y que esos acuerdos no produjeron daños urbanísticos. También rechazan que hubiera prevaricación porque, según ellos, las licencias no se otorgaron “a sabiendas de su injusticia”.

La Audiencia Provincial no entra en estos argumento de fondo, cuya valoración “corresponderá al órgano de enjuiciamiento”, y dice que en este momento “basta la existencia de indicios” de delito. El tribunal subraya la “discordancia” entre los acuerdos políticos de otorgamiento de licencia y los informes técnicos y la “escasa o nula motivación” de aquellos. El resultado, recuerda el tribunal, fue que “la mayoría de las infracciones administrativas detectadas por los técnicos habría resultado impunes”.

“El hecho de que los informes técnicos sean preceptivos y no vinculantes no implica que éstos deban ser ignorados, sino tomados en cuenta, ya sea para actuar de conformidad o para separarse de éstos en forma razonada o justificada”, afirma la resolución de la Sección Cuarta de la Audiencia.

El fiscal asegura que durante los últimos diez años, estos dos alcaldes y diez concejales han perpetrado una auténtica “apología de la prevaricación” en la concesión de 16 licencias urbanísticas otorgadas en contra de los informes técnicos y jurídicos municipales. La fiscalía describe toda una retahíla de "graves infracciones urbanísticas" y pide a la juez que ha investigado durante tres años los hechos, que siente a todos ellos en el banquillo para que respondan de esos delitos ante un juzgado de lo penal de Madrid.