Ciudadanos exige al PP que Barberá deje su escaño si acaba imputada

Albert Rivera ha planteado este martes al PP como condición previa para negociar el sí de Ciudadanos a la investidura de Mariano Rajoy que los cargos públicos imputados por corrupción dejen su responsabilidad. "Los imputados por corrupción política no se sientan ni en los Gobiernos ni en los escaños", ha reclamado en su comparecencia el líder de Ciudadanos. Esa condición, la segunda que ha enumerado Rivera de las siete que ha puesto al presidente en funciones, afectaría como principal figura política del PP a la senadora Rita Barberá, que tendría que dejar su acta si finalmente es investigada (la nueva denominación para los imputados) como pide la Fiscalía. Ciudadanos requiere a Rajoy el cese de los cargos imputados mientras el PP está imputado (investigado) como partido por corrupción.

Rita Barberá, exalcaldesa de Valencia y senadora por el PP, está pendiente de que el Tribunal Supremo decida si la llama a declarar como investigada (imputada) por el llamado caso Taula, tal y como ha pedido al alto tribunal la Fiscalía del Tribunal Supremo. El fiscal ha enviado a la Sala de Admisión un escrito en el que pide que abra una causa contra Barberá y nombre un instructor para investigar el papel de la exalcaldesa en el presunto blanqueo de capitales del PP del Ayuntamiento de Valencia. El escrito del fiscal, conocido el pasado 29 de julio, responde a la exposición razonada enviada al Supremo en abril por el juez de Valencia que instruye el caso Taula, que pidió al alto tribunal que investigara a Barberá porque él no puede investigarla dada su condición de aforada como senadora.

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El líder de Ciudadanos ha criticado reiteradamente que Mariano Rajoy haya blindado a Rita Barberá al respaldar su designación como senadora. "Rajoy colocó a Rita Barberá en el Senado para esto: aforada ante la imputación por blanqueo de capitales", aseguró el pasado 29 de julio tras conocerse la petición del fiscal.

En el Senado está también el caso de la senadora popular Pilar Barreiro, sobre la que se cierne una nueva imputación por corrupción en el marco de la trama Púnica. Un informe de la Guardia Civil remitido al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco muestra indicios de que Barreiro, que fue alcaldesa de Cartagena durante 20 años, destinó dinero público para contratar a empresas de la trama Púnica con el objeto de que mejoraran su imagen en Internet. Los agentes sugieren al juez que la cite a declarar como imputada. La senadora ya estuvo imputada por el caso Novo Carthago de presunta corrupción, pero el Supremo archivó su caso el pasado mes de mayo.

Rivera ha hablado en su comparecencia pública de "cargos en Gobiernos o escaños", pero a preguntas de EL PAÍS el partido ha precisado que se refiere de momento a lo que le compete, que es cargos de "Gobierno [central] y Cortes". "Si hay fecha de negociación porque hay fecha para investidura queremos extenderlo en esa negociación a todas las instituciones, pero para eso hace falta el acuerdo de todos los partidos. Hasta ese momento se circunscribe al ámbito que nos compete que es Gobierno y Cortes", señalan fuentes de Ciudadanos. "Hay que articular un acuerdo anticorrupción para todos los partidos" que incluya el compromiso de excluir a imputados de listas o cargos, añade José Manuel Villegas, número dos del partido, informa Juan José Mateo.

En todo caso, la pretensión de Ciudadanos de avanzar en la regeneración de la política española con su posible pacto con el PP tiene como uno de los límites principales que el partido en el Gobierno y con el que accede negociar para que revalide su estancia en La Moncloa está imputado por corrupción. La juez de Madrid Rosa Freire, instructora del caso sobre la destrucción de los discos duros de los ordenadores del extesorero del PP Luis Bárcenas, citó el pasado enero a declarar como investigado (imputado) al partido político de Mariano Rajoy. Se trata de la primera vez que una formación política acude como imputada en un proceso judicial.

La medida planteada por Rivera tampoco le es muy ajena al PP, que lleva en su programa electoral el "cese de altos cargos encausados por un delito de corrupción en el momento de la apertura de juicio oral". El matiz es que la apertura de juicio oral es un momento procesal distinto (y posterior) al de la investigación o imputación. El PSOE y Ciudadanos también recogieron en su pacto para la investidura fallida de Pedro Sánchez la misma medida, referida también a la apertura de juicio oral.