Dos ex altos cargos de Matas ingresarán en prisión tras reconocer la corrupción
Los exdirectores de Ibatur han aceptado 14 meses de cárcel por prevaricación, fraude y cohecho
La cúpula de turismo de la legislatura de Jaume Matas (PP) ha admitido actos de corrupción durante su Gobierno. Los que fueran directores gerentes del Instituto Balear de Turismo entre 2003 y 2007 han aceptado este lunes una condena de 14 meses de cárcel por delitos de prevaricación, fraude y cohecho tras reconocer que cobraron 50.700 euros en comisiones a cambio de la adjudicación de contratos públicos por valor de más de un millón de euros. Juan Carlos Alía, director gerente de Ibatur hasta 2004, y Raimundo Alabern, en el mismo cargo desde esa fecha hasta 2007, han cerrado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción por el que se han comprometido a cumplir los 14 meses de prisión y no solicitar la suspensión de la condena.
Tras reconocer los delitos y aceptar el relato de los hechos, la sección primera de la Audiencia Provincial de Palma ha dictado sentencia firme in voce por esta pieza separada del caso Ibatur, que también ha sentado en el banquillo el exjefe de los servicios jurídicos de esta entidad, Miguel Ángel Bonet, así como a dos empresarios que han reconocido que pagaron las comisiones exigidas por los políticos a cambio de recibir los contratos.
Tanto Bonet como los empresarios han sido condenados a penas menores de prisión, todas ellas sustituibles por el pago de multas que suman hasta 37.000 euros. Además, los dos exgerentes han abonado una responsabilidad civil de más de 50.000 euros y se han beneficiado de la atenuante de dilaciones indebidas, porque el caso comenzó a investigarse en 2009 y ha tardado siete años en llegar a juicio.
Los condenados han reconocido ante el tribunal que se aprovecharon de sus cargos en la administración para adjudicar contratos de forma ilegal a algunos empresarios afines, evitando la concurrencia de otras empresas y fraccionando los importes para evitar las licitaciones públicas. Han admitido que dieron órdenes a muchos de los empleados de Ibatur para iniciar expedientes de contratación que ya tenían un adjudicatario elegido de antemano.
Además de los contratos ilegales, los dos ex directores gerentes de esta entidad han admitido que también exigían comisiones de hasta el 4% y regalos a cambio de las adjudicaciones. El pago de esos sobornos salía de las arcas públicas, ya que los empresarios lo repercutían en la facturación final con el conocimiento de los funcionarios, provocando un incremento en el coste que soportaba el Ibatur.
Gratificación por sacrificio político
Uno de los episodios que han reconocido los acusados es la gratificación con contratos públicos ilegales a Juan Carlos Alía para compensar su renuncia al cargo tras el estallido del caso Rasputín.
El entonces gerente de Ibatur cargó al erario público seis facturas por entradas al club erótico teatro Rasputín durante un viaje de promoción turística a Moscú de la cúpula del entonces Govern liderado por Jaume Matas, lo que terminó por costarle el puesto a Alía. Este lunes los acusados han reconocido que Alabern y Bonet decidieron compensar económicamente la renuncia al cargo de Alía mediante contrataciones públicas, adjudicándole más de 30.000 euros para trabajos sobre el turismo alemán del los que la fiscalía no ha hallado ni rastro.
El también exgerente Raimundo Alabern ha reconocido más prácticas ilegales, como que exigió regalos a empresarios y pidió a uno de ellos que confeccionara de forma gratuita varios folletos para su interés particular. Bajo la amenaza de Alabern de no volver a adjudicarle ningún contrato público, un empresario elaboró más de mil folletos y trípticos sobre los vinos que elaboraba la bodega familiar del político.
Con las condenas impuestas este lunes, gran parte de la cúpula de la Consejería de Turismo de los últimos Gobiernos de Baleares habrá pasado por la cárcel por delitos de corrupción. A estos excargos del PP se suman los exconsejeros de Turismo de Unió Mallorquina Miquel Nadal y Francesc Buils, que cumplen condena por varias causas, igual que el exdirector del Instituto de Estrategia Turística Antoni Oliver y el exjefe del área de inversiones del mismo organismo, Antoni Rebassa, que fueron sentenciados a penas de prisión.
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