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El Supremo archiva la querella contra Barberá por no retirar símbolos franquistas

El tribunal no ve delito porque no hubo una orden a la alcaldesa para que quitara las distinciones al régimen

Rita Barbera, en una imagen de archivo. Ampliar foto
Rita Barbera, en una imagen de archivo.

El Tribunal Supremo ha archivado la querella presentada contra Rita Barberá por negarse a retirar los símbolos del franquismo durante su etapa como alcaldesa. La Sala de lo Penal ha rechazado la denuncia al considerar que los hechos no son constitutivos de delito, como ya hizo antes con denuncias similares contra otros alcaldes que eran, además, senadores y, por tanto, aforados, como el de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, o Almería, Luis Rogelio Rodríguez Comendador.

La querella la presentaron el PSOE valenciano y el abogado madrileño Eduardo Ranz Alonso. En su denuncia pedían que se abriera una causa contra Barberá por delitos de desobediencia y denegación de auxilio y, subsidiariamente, por una falta contra el orden público. El Supremo destaca, sin embargo, que la Ley de Memoria Histórica de 2007 recoge la obligación genérica de las Administraciones Públicas de adoptar medidas tendentes, entre otras cosas, a la retirada de objetos conmemorativos de la Guerra Civil y de la dictadura franquista, pero en la denuncia no se relata que se hubiese dado una orden directa y expresa a la entonces alcaldesa Rita Barberá para tomar medidas y retirar esos símbolos en cumplimiento de dicha Ley, ni tampoco que ella se hubiese negado a cumplir esa orden previa.

“Ambos elementos –destaca el auto—la existencia de una orden expresa y la negativa posterior a su cumplimiento, resultan necesarios para apreciar el delito”.

Del mismo modo, los jueces advierten de que tampoco hay constancia de que la exalcaldesa hubiese recibido una orden concreta y específica para, en cumplimiento de la misma Ley, realizar un catálogo de vestigios de la Guerra Civil y la dictadura. La decisión del Supremo asume los argumentos del fiscal, que había informado en contra de que se admitiera a trámite.

La de la memoria histórica es una de las dos causas pendientes que tenía Barberá en el alto tribunal. La otra, derivada de la Operación Taula abierta en Valencia por el presunto blanqueo en el grupo municipal del PP, está todavía endiente de que el fiscal presente su informe.

La denuncia contra Barberá mencionaba un total de 33 calles de la ciudad cuyo mantenimiento, según sus impulsores, infringe la Ley de Memoria Histórica. Entre ellos figura el nombre del Barón de Cárcer, Joaquín Manglano y Cucaló de Montull, que fue el primer alcalde de Valencia tras la Guerra Civil. O el del falangista Antonio Rueda, que fue gobernador civil.

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