Imanol Arias devolverá “hasta el último céntimo” de su deuda con Hacienda

Arias está imputado dentro de la Operación City, basada en la investigación del despacho de abogados Nummaria, dedicado a la asesoría fiscal. Este bufete, liderado por el abogado Fernando Peña, supuestamente se dedicaba a crear estructuras societarias muy sofisticadas que permitían a sus clientes evadir impuestos.

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Los delitos fiscales por los que está imputado Arias son los comprendidos entre los años 2010 y 2014 —los anteriores han prescrito— y totalizan una cuota de 2,1 millones de euros. La investigación de la Agencia Tributaria ha desvelado impuestos impagados en los ejercicios 2005, 2006, 2007, 2009 y 2010 por valor de 2,72 millones de euros. Estos últimos expedientes tributarios se encuentran paralizados a la espera de que se resuelvan los recursos contenciosos administrativos presentados por el actor.

Arias, que ha declarado durante poco más de una hora, ha afirmado que recurrió al despacho Nummaria creyendo que las estructuras tributarias que realizaban eran legales. Según las mismas fuentes jurídicas, él solo acudía al bufete una vez al año y siempre subrayaba que prefería pagar más impuestos a cometer una irregularidad tributaria. El dueño del despacho, Fernando Peña, en su declaración como imputado desvinculó totalmente a Imanol Arias, y a su compañera de reparto en la serie Cuéntame, Ana Duato, de cualquier tipo de actuación ilegal.

El bufete Nummaria había diseñado un sistema de defraudación que los expertos de Hacienda consultados consideran inédito. Para que sus clientes no tributaran lo que les correspondía legalmente en España, el despacho se apoyaba en la figura de la Agrupación Europea de Interés Económico (AEIE), una alianza de sociedades o personas jurídicas de al menos dos Estados miembros de la Unión Europea, en la que los beneficios tributan en proporción al país en el que se generan. Esta figura está concebida, según los expertos, para grandes proyectos de infraestructuras transfronterizas como el Eurotúnel o el túnel del Mont Blanc.

Según fuentes de la investigación, el despacho contaba con una cartera de sociedades radicadas en el Reino Unido y cuyos administradores eran a su vez mercantiles domiciliadas en Costa Rica, país considerado paraíso fiscal en algunas listas, no así por España. Estas sociedades extranjeras se asociaban con otra sociedad limitada española en una ficticia Agrupación Europea de Interés Económico. Normalmente, los beneficios generados en España, y que, por tanto, debían ser declarados y tributados en este país, se imputaban en un 80% a la sociedad británica, y posteriormente acababan en Costa Rica o en la isla Mauricio, donde se les pierde el rastro.