Las misteriosas muertes de los linces han quedado impunes

Un enemigo invisible atacó en 2009 al lince ibérico en cautividad. La enfermedad renal crónica (ERC) aniquilaba ejemplares del programa estrella de conservación por causas desconocidas. Uno tras otro los felinos morían en silencio y sin saber por qué. Las alertas saltaron: no solo se iría al garete el felino más amenazado, también unos fondos que hoy suman 72 millones aportados por la Unión Europea, el Ministerio de Medio Ambiente y la Junta de Andalucía tras 15 años de programa.

Hoy el lince ibérico ha iniciado su reconquista y dispone de una población en libertad estimada en 400 ejemplares entre España y Portugal, pero hace siete años la multiplicación de muertes hizo peligrar la millonaria inversión en esta especie emblemática.

El misterio permaneció oculto durante tres años y finalmente los expertos dieron con la tecla: las vitaminas Nutrazu que proporcionaban los propios biólogos y cuidadores estaban envenenando a los linces por un exceso insoportable de calcio en la sangre. Las pastillas contenían unas 30 veces la cantidad indicada en el prospecto y resultaron tóxicas. En 2012 el Gobierno dio por resuelto el problema, decidió no demandar al fabricante de las vitaminas y metió en un cajón el costoso estudio que implicó a nueve universidades para resolver el enigma tras invertir 303.000 euros.

Ahora este diario ha tenido acceso a los informes que apuntan al laboratorio estadounidense Mazuri como responsable de una enfermedad que ha matado a una veintena de animales y hoy mantiene a otros 23 ejemplares con problemas renales irreversibles. En total, 43 víctimas.

“Los animales estuvieron tomando dosis muchísimo más altas de vitamina D3 que las recomendadas (…) en los dos lotes analizados de vitaminas 28 y 34 veces más que la cantidad establecida en el prospecto (…) La nutróloga de Mazuri, Elizabeth Koutsos, confirmó que se debió a un error”, refleja el informe, fechado en octubre de 2011.

¿Por qué evitó el Ministerio —en aquel entonces dirigido por Miguel Arias Cañete— reclamar compensaciones o demandar al fabricante norteamericano o a la distribuidora española de las vitaminas por la mortandad de los linces? “No se ejercieron acciones civiles contra la empresa dada la imposibilidad de asegurar la trazabilidad del compuesto vitamínico en las distintas etapas desde el momento de su fabricación hasta su suministro a los animales”, detallan fuentes de Medio Ambiente. Es decir, el Gobierno no pudo certificar cómo se manipularon las vitaminas y sus componentes antes de que los felinos las ingirieran. “Además, la empresa distribuidora en España había cerrado. Esta insuficiencia probatoria hacía inviable el ejercicio de acciones civiles, para las cuales es necesario identificar el sujeto contra el que se inicia la acción”, añaden fuentes del ministerio.

En paralelo, la Fiscalía de Medio Ambiente abrió diligencias en junio de 2011 e investigó la mortandad de los linces, pero archivó el asunto un año después por la misma razón que el Gobierno. “Todo apunta a un error en el proceso de fabricación del producto fuera del territorio nacional (…) no habiéndose descubierto ningún indicio acreditado de una manipulación del producto en España”, rezaba el oficio del ministerio público.

La firma distribuidora de las vitaminas Nutrazu en aquella época fue ConZOOlting, cuya responsable era Helena Marqués. Esta nutróloga, exculpada por el Seprona que investigó los hechos tras ordenarlo la fiscalía, apunta que informó “a los americanos a través del distribuidor europeo”, pero se niega a precisar más detalles. “Es una etapa de mi vida cerrada”, aduce. En sus alegaciones ante el ministerio, Marqués defendió que “las dosis de vitamina D en la dieta formulada está muy por debajo del Límite Superior de Seguridad (SUL) de esta vitamina para gatos, y por lo tanto, muy lejos de ser una dosis tóxica”.

Los expertos rechazaron esta tesis en función de los lotes con las vitaminas analizados, “que exceden entre 1,1 y 1,3 veces el SUL”, según el informe. Una portavoz de Land O´Lakes, actual propietaria de los laboratorios Mazuri con sede en Minneapolis (EE UU), ha rechazado asimismo dar su visión sobre su responsabilidad en el envenenamiento de los linces.

Los manuales de cría en cautividad recomiendan suministrar vitaminas a los animales debido a que estos ingieren presas muertas —en este caso conejos congelados— y estas presentan carencias alimenticias.

“En situaciones como estas hay que negociar con la empresa para que compensen al programa”, opina Astrid Vargas, directora del programa en cautividad del lince ibérico cuando surgió la ERC. A continuación, la científica echa la vista atrás y hace autocrítica. “En esos momentos parece que todo se va al garete y es el fin del mundo. Pero accidentes de este tipo pasan, fue un valle en el trabajo pero al año siguiente nacieron 40 cachorros. No lo justifico ni le quito importancia, pero son gajes del oficio. Nadie se podía imaginar que las vitaminas estuvieran mal formuladas. Es una responsabilidad compartida por todos”, reflexiona.

Sin embargo, ese compromiso plural y la decisión del Gobierno para evitar que el laboratorio estadounidense rindiera cuentas en 2012, hizo que el daño irreversible a 43 animales quedara impune.