Multa a una periodista en la Audiencia Nacional por la Ley Mordaza

Una periodista de Catalunya Ràdio, Mercè Alcocer, ha sido sancionada con una multa de 601 euros en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza. La multa la ha recibido por "desobediencia a agentes de la autoridad" el pasado 20 de febrero, durante la cobertura informativa de la declaración del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, en la Audiencia Nacional.

Alcocer se saltó la zona acotada por el Cuerpo Nacional de Policía y abordó al expresidente catalán para preguntarle por su declaración ante el juez. La Delegación del Gobierno en Madrid considera que la periodista catalana "hizo caso omiso en reiteradas ocasiones para que permaneciera en la zona habilitada para los medios de comunicación" y se acercó a Pujol y a su mujer, Marta Ferrusola. La Delegación atribuye a Alcocer una "infracción grave de desobediencia a la autoridad", prevista en la Ley Mordaza.

"Los agentes entorpecieron en todo momento la tarea informadora de los periodistas con un celo excesivo", ha rebatido la periodista. Según su versión, recogida en una nota dela Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), accedió por una "calle lateral" a la entrada de la Audiencia, donde le "pidieron la documentación". La Policía, insiste, impidió a los medios "acceder a los abogados y al fiscal, dentro y fuera de las dependencias judiciales"

La CCMA ha expresado su apoyo a la trabajadora y ha mostrado su "rechazo ante una situación que supone el impedimento a los profesionales de los medios de comunicación del ejercicio libre de la profesión, entendida como un bien imprescindible para la salud de la democracia".

Durante nueve años, Alcocer fue jefa de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), donde fue responsable de la "organización de los medios de comunicación en las dependencias judiciales", según la CCMA. Su actividad como jefa de prensa, sin embargo, le valió severas críticas de los periodistas de tribunales, que incluso remitieron una carta de queja al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los periodistas lamentaban que su "negligente, torticera y arbitraria" incide "negativamente en el desarrollo normal" de la profesión. Y la acusaban, entre otras cosas, de "advertir a los funcionarios de la administración de justicia de los riesgos de atender peticiones de periodistas".