Inhabilitado el exembajador en Congo por emitir visados irregulares
La Audiencia Nacional condena a Fernández de Mazarambroz a nueve años de inhabilitación
La Audiencia Nacional ha condenado a nueve años de inhabilitación al exembajador de España en la República Democrática del Congo Antonio Fernández de Mazarambroz por prevaricación administrativa. El diplomático otorgaba visados a un círculo de empresarios locales al margen del trámite regular de cita previa y entrevista personal al solicitante. Tanto la fiscalía como la Abogacía del Estado retiraron al final del juicio, celebrado el pasado 28 de abril, la acusación de cohecho contra Fernández de Mazarambroz al no haberse hallado pruebas durante la vista oral de que este cobrara 3.000 euros por cada visado irregularmente concedido, como le acusaban inicialmente.
El tribunal coincide con las acusaciones en que el diplomático no tenía competencias para autorizar la expedición de visados. Los magistrados ven "llamativo, por no decir francamente inverosímil" que el jefe de la legación española en Kinshasa afirmara desconocer la circular que limita la capacidad de los embajadores para emitir visados salvo en casos muy excepcionales. "Es igualmente sorprendente que a estas alturas de su carrera diplomática no discerniera lo que es competencia de un embajador de las correspondientes a la Sección Consular", que es la que se encarga de autorizar los permisos de entrada en España.
El exembajador pidió, según los distintos testigos de la causa, encargarse personalmente de los visados de tres grupos: los miembros del círculo de empresarios hispano congoleño, los altos cargos de la República Democrática del Congo (antiguo Zaire) y los de Congo Brazzaville. "Se pone de manifiesto el abuso de poder del acusado al ampararse en su condición de embajador para ordenar que exclusivamente en determinados casos (…) se pondría al frente de la gestión y autorización de visados solicitados por ciudadanos congoleños".
"Se atribuyó una competencia de la que carecía para, de ese modo, prestar la colaboración necesaria e imprescindible a las personas que incluía en cada uno de los tres grupos bien definidos", afirma el tribunal.
El exembajador, ya jubilado, se escudó en que quienes otorgaban de forma efectiva los visados eran dos empleadas no funcionarias de la embajada, que tenían clave de acceso al sistema informático de autorización de visados, contraseña de la que él no disponía. Sin embargo, un informe del Ministerio de Asuntos Exteriores puso de manifiesto que el visto bueno en papel de los visados irregulares lo dio Fernández de Mazarambroz.
El círculo de empresarios hispano congoleño, según los testigos, gestionó en las dependencias de la propia embajada la concesión de los visados entre octubre de 2012 y abril de 2013. Esta circunstancia fue denunciada por los policías encargados de la seguridad de la embajada. El embajador adujo que actuó tratando de potenciar las relaciones comerciales entre ambos países, algo que el tribunal rechaza.
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