El rechazo al TTIP crece también en España

La actividad ha sido especialmente intensa en el ámbito municipal. Sevilla, Zaragoza, Segovia, Valladolid, Barcelona, Lleida, Castellón de la Plana, Valencia, Mérida, Lugo, Pontevedra, Santiago de Compostela y, en breve Madrid —según anunció públicamente el concejal de Economía, Carlos Sánchez Mato— se suman a los ya 146 municipios que, a través de mociones en  Ayuntamientos en su mayoría controlados por Podemos o plataformas hermanas, han tratado de lanzar un mensaje político al declararse oficialmente zonas libres del TTIP. Hasta 270 organizaciones ecologistas, sindicales y políticas con ideología antiglobalización trabajan para frenar la firma del polémico acuerdo que convertirá a EE UU y la UE en la quintaesencia del comercio mundial.

Lola Sánchez, eurodiputada de Podemos y miembro suplente del Comité de Comercio Internacional en el Parlamento Europeo, explica que el hecho de que los políticos en España no hablen del macro acuerdo –ya sea para defenderlo, como la canciller Angela Merkel, o criticarlo, como hizo el ahora expresidente austríaco, el socialdemócrata Werner Faymann— dificulta el diálogo en la propia ciudadanía. “Hay que hacer mucha más campaña en las zonas rurales. A muchos productores les cuesta entender las implicaciones del tratado”, explica Jorge Luis Bail, de Confluencia por Aragón (Equo). Blanco, sin embargo, cree que las intenciones estadounidenses son claras. "Lo que Washington quiere es resituarse en el mercado comunitario y ganar en él. Para ello es necesario que Bruselas rebaje sus estándares de calidad", afirma.

La percepción de los desafíos del TTIP en cada rincón de España es diferente y coincide con el motor económico de cada autonomía. Los agricultores y ganaderos consideran su sector especialmente sensible por la posible entrada de productos estadounidenses que hayan pasado menos controles de seguridad alimentaria. Los andaluces están “muy preocupados por el futuro de la ganadería y la agricultura”, apostilla Alejandro Aguilar, de 32 años y desempleado que representa a la plataforma No al TTIP en Andalucía. Es un sector que en 2015 representó el 8% del PIB regional. Las denominaciones de origen son una de las grandes preocupaciones de muchos productores como los del jamón de Jabugo, el vino de Jerez o el aceite de oliva de Montilla-Moriles. “Hay una gran preocupación por la pérdida de los puestos de trabajo” en el sector, explica el activista andaluz. Ni Bruselas ni Washington han sido capaces aún de llegar a un acuerdo en cuanto a la protección o apertura del capítulo de las reglas de origen. En Grecia e Italia –donde el queso, el vino o los embutidos son una verdadera seña de identidad fuera de sus fronteras—la preocupación es similar.

COAG, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos que representa a miles de productores, rechaza el acuerdo y pide un posicionamiento de los partidos hacia el TTIP. Miguel Blanco, secretario general de la plataforma defiende que las PYMEs serán las más perjudicadas si se firma el tratado. "No creemos que el empleo que el TTIP pueda generar compense el que se va a perder", sostiene al tiempo que calcula que 700.000 personas del sector agroalimentario están en riesgo directo de perder su puesto de trabajo.

Fuentes socialistas en la Eurocámara –que sí defienden un acuerdo de libre comercio de la UE con Canadá y con EE UU- anticipan una lucha por las denominaciones de origen en el futuro próximo. En Extremadura, además de la agricultura, preocupa el futuro de los servicios sociales, especialmente los dedicados a la tercera edad y la minería. La preocupación en Cataluña procede sobre todo, del sector agroalimentario, donde unos 250.000 puestos de trabajo penden de un hilo, según Jaume Bernís, responsable del sector porcino de Lleida, ganadero desde hace 38 años y miembro de COAG. "La UE nos está marcando unas pautas de sanidad animal, medicamentos en la carne e higiene que los grandes ganaderos estadounidenses no tendrán que pasar", adivina Bernís por teléfono. Su miedo, como el de los casi 80.000 criadores de cerdo catalanes, es que los productos de EE UU no tengan que pasar tantos controles, lo que sería una situación "desventajosa" para los europeos y españoles, cuenta. Bruselas, sin embargo, insiste en que no se rebajarán los estándares comunitarios.

Tom Kucharz, experto en comercio internacional de Ecologistas en Acción sostiene que la oposición crece a medida que el debate sobre el tratado comercial se abre al público. Extremadura, por ejemplo, ha sido la primera Comunidad Autónoma en aprobar a principios de año la creación de una Comisión de Estudio sobre el impacto del TTIP a nivel regional. “Aún estamos en la fase de recopilación de información”, explica María Ramos, ingeniera agrónoma y asesora de Podemos. La iniciativa vino, como en casi todos los casos en otros parlamentos regionales, de Podemos y casi siempre han tenido los votos en contra de Ciudadanos y del Partido Popular, explica Aguilar. De 158 mociones en España para declararse contrario al TTIP, el PP se ha opuesto a al menos 66 y C’s a 17.

En la Comunidad de Madrid, el voto en contra de Ciudadanos y el PP impidió que la propuesta no de ley de Podemos sobre el rechazo al TTIP viera la luz. Pero la capital, regida por Manuela Carmena, de Ahora Madrid, ha declarado ya públicamente su voluntad de adherirse a la red de municipios en contra de la firma del tratado comercial con EE UU y también con Canadá (CETA), según aseguró en Barcelona el concejal de Economía y Hacienda de la ciudad de Madrid, Carlos Sánchez Mato. Extremadura y País Vasco, gobernadas por el PSOE y el PNV respectivamente, han aprobado ya la creación de una Comisión de Estudio del TTIP en sus regiones.

Bruselas ya tiene una evaluación de impacto del tratado en España, pero para los opositores a la firma es papel mojado porque consideran parciales a los autores, del Instituto de Estudios Económicos (IEE), promovido, además de por la CEOE, por la Cámara de Comercio de España.  Los resultados parecen estar “a medida” de los defensores del tratado,considera un activista.  José Luis Feito, director del IEE, defiende que el estudio es "el mejor" en la materia y que España solo puede salir beneficiada con el TTIP".