Patrimonio aduce que la orden de exhumar en el Valle de los Caídos no es firme

Patrimonio Nacional asegura que no se opondrá a exhumar en el Valle de los Caídos, “pero cuando la sentencia sea firme”. El pasado 30 de marzo el juez de apoyo de San Lorenzo de El Escorial José Manuel Delgado emitió un auto por el que reconocía “el derecho a la digna sepultura” de Manuel Lapeña Altabas y su hermano Ramiro, fusilados durante la Guerra Civil y trasladados sin el consentimiento familiar al mausoleo franquista, según testimonios orales. Para hacer efectivo ese derecho, el juez ordenaba llevar a cabo “las actuaciones pertinentes” para exhumar, identificar y entregar los restos a la familia. Las partes tenían 20 días de plazo para recurrir, y nadie lo hizo. Tampoco Patrimonio, porque al no haber sido demandado no estaba personado en la causa. Este hecho deja, según fuentes jurídicas, un vacío legal. Patrimonio Nacional argumenta que no ha recibido la ejecución de la sentencia del juzgado para poner en marcha el proceso. Pero legalmente, el juez no tiene que hacerlo, puesto que el organismo, dependiente del Ministerio de Presidencia no estaba personado en la causa, según explica el abogado de la familia, Eduardo Ranz.

Es por ese motivo por el que ha sido la familia de los dos fusilados, y no el juzgado, quien ha presentado un escrito solicitando a Patrimonio Nacional que ejecute la orden del juez y proponiendo que sea el forense Francisco Etxeberria, que ha abierto un centenar de fosas del franquismo, quien lleve a cabo los trabajos.

El abogado ha registrado dicho escrito en el Instituto Nacional de Administración Pública, que debe trasladarlo ahora a Patrimonio Nacional. Si, transcurridos 45 días, el organismo no contestara, la familia recurriría a la sala tercera del Tribunal supremo, la competente por depender Patrimonio Nacional del ministerio de la presidencia.

El proceso es complicado no solo desde el punto de vista legal, sino por las dificultades técnicas de la exhumación. El equipo forense enviado en 2011 por el entonces ministro de Justicia, el socialista Francisco Caamaño, realizó un informe descorazonador sobre el estado de los restos de las miles de personas que fueron inhumadas en el Valle de los Caídos. El forense Andrés Bedate estableció tres niveles de dificultad para poder identificar los restos: complejo, complejidad alta y complejidad extrema. Manuel Lapeña Altabas y su hermano Ramiro fueron enterrados, según la familia, en el tercer piso de la cripta del sepulcro. El informe de Bedate estableció que la identificación individual de los restos óseos localizados en el primer y segundo nivel de dicha cripta era de una “complejidad extrema” porque había muchos huesos mezclados y que en el nivel tercero al quinto no habían podido examinar el contenido “por imposibilidad técnica de acceso”.

El juez recoge en su auto las conclusiones de ese informe, aunque dice desconocer "su origen y legalidad", pero añade que en cualquier caso, el forense no especifica que los columbarios que impiden el acceso al piso tercero no puedan ser trasladados, por lo que autoriza a intentarlo.