Exdiputada de Podemos

Victoria Rosell pide cancelar su excedencia y volver a la judicatura

La intención de Podemos es que la juez repita como cabeza de lista por Las Palmas el 26-J

Victoria Rosell, en el Congreso.
Victoria Rosell, en el Congreso.EFE

La juez Victoria Rosell, cabeza de lista de Podemos por la circunscripción de Las Palmas investigada por un presunto delito de prevaricación, ha pedido volver a la carrera judicial. La magistrada ha enviado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una petición formal que solicita el regreso al Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas. Fuentes del partido señalan que se trata de un trámite necesario para la gestión de su excedencia. De hecho, la intención del líder de la formación emergente, Pablo Iglesias, es que Rosell repita como número uno de la misma candidatura en las elecciones generales del 26 de junio. En cualquier caso, según su entorno, la juez todavía no ha tomado una decisión firme sobre su futuro.

La exdiputada pidió la semana pasada al Tribunal Supremo, que investigaba su caso, que remitiera al Tribunal Superior de Justicia de Canarias la querella presentada por el exministro del PP José Manuel Soria. Lo hizo tras la disolución de Las Cortes y después de renunciar a su escaño en la Diputación Permanente del Congreso, el órgano que se encargará de la actividad parlamentaria hasta el inicio de la nueva legislatura.

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El paso que ha dado ahora Rosell es el que fija la Ley Orgánica del Poder Judicial y está al margen de la investigación abierta contra ella en el Supremo. La juez pidió la excedencia cuando decidió ir en las listas de Podemos, ya que los jueces no pueden presentarse a unas elecciones y participar en una campaña electoral. Pero una vez que obtuvo el escaño cambió su excedencia por la situación de “servicios especiales”, una condición que le permite mantener la plaza de la que es titular mientras dure la legislatura. Fuentes del Consejo General del Poder Judicial explican que, una vez disueltas las Cortes, Rosell tenía solo diez días para pedir su reincorporación a la carrera si no quería perder esta plaza.

La legislatura se dio por terminada el 4 de mayo, por lo que la juez tenía hasta el 14 para pedir la vuelta, que es lo que ha hecho por ahora. Para reincorporarse a su puesto tiene un plazo máximo de 20 días, a contar la disolución de las Cortes, por lo que tendría que volver antes del 24 de mayo, según las fuentes consultadas. La comisión permanente del Poder Judicial tiene previsto examinar este jueves la petición de reincorporación de Rosell, que, previsiblemente, resultará aprobada ya que este paso se considera un trámite.

Si finalmente vuelve a ir en las listas del partido de Iglesias, tendrá que iniciar de nuevo todos los trámites: solicitar una excedencia antes de se presenten las candidaturas y pasar a servicios especiales si obtiene escaño. Como las listas deben estar cerradas el 23 de mayo, si Rosell decide volver a presentarse es posible que no llegue a reincorporarse al juzgado. Aunque podría hacerlo si decide no apurar al máximo los 20 días de plazo. En este caso, podría encontrarse de nuevo al frente de la causa contra el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, que originó la investigación abierta contra ella en el Supremo.

A pesar de la investigación del Supremo, Iglesias siempre se ha mostrado partidario de que Rosell repita en las listas de Podemos. "Nuestra confianza en Vicky Rosell es absoluta, y nadie podrá decir que ha querido esconderse en la Diputación Permanente. Estoy convencido que será la mejor candidata para las próximas elecciones en Canarias", afirmó tras su renuncia. No obstante, según el código ético de Podemos, la magistrada no podría presentarse a las elecciones del 26-J si se formaliza su imputación, algo que en las filas de la formación confían en que no se produzca.

La justicia debe determinar si la diputada de Podemos prevaricó para favorecer negocios de su pareja durante su etapa como juez en Las Palmas. Según la querella del exministro de Industria, Rosell retrasó una causa en la que estaba imputado por delitos fiscales el empresario Miguel Ángel Ramírez, que, según la investigación, mantiene "relaciones económicas" con la pareja de la juez, el periodista Carlos Sosa. Cuando Soria presentó la querella se sabía que Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, había alquilado una emisora de radio propiedad de Sosa unos días después de que Rosell dejara el juzgado para presentarse a las elecciones. Pero durante una declaración judicial posterior, el empresario aseguró que sus negocios con Sosa venían de antes y abarcan la etapa de Rosell como juez.

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