Educación deja abierta la puerta a que se publiquen ‘rankings’ de colegios

Falta menos de un mes para que los alumnos de 6º de Primaria (11 y 12 años) se enfrenten a un examen externo que hasta ahora no hacían: la evaluación de final de etapa incluida en la Ley Orgánica para la mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Esta prueba, que ha provocado un profundo desencuentro entre el ministerio y algunas comunidades que amenazan con no ponerla en marcha, es polémica principalmente por un aspecto: la posibilidad de que se establezcan rankings de colegios con los resultados de los estudiantes.

El ministro de Educación en funciones, Íñigo Méndez de Vigo, ha declarado públicamente en Televisión Española y en la Cadena Ser que se compromete a evitar las clasificaciones y "a que no se hagan públicos los resultados de las evaluaciones, si ése es el problema". Pero lo cierto es que no hay sustento legal tras sus declaraciones.

La LOMCE eliminó una referencia contra los rankings de la ley anterior, la Ley Orgánica de Educación que elaboró el PSOE. El artículo 144.3 de la LOE recogía sobre las evaluaciones externas. “En ningún caso, los resultados de estas evaluaciones podrán ser utilizados para el establecimiento de clasificaciones en los centros”. Esa referencia ya no existe.

Educación tampoco ha hecho una manifestación explícita para Ceuta y Melilla, los dos únicos territorios que dependen directamente del ministerio para las pruebas. En la orden que les ha enviado a ambas ciudades autónomas en la que regula la realización de esa evaluación (a la que ha tenido acceso este periódico y que aún es un borrador pendiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado) no figura ninguna referencia expresa a este particular. Un portavoz del ministerio señala que la orden solo regula cómo debe aplicarse la prueba.

Sin embargo, sí existe ese enunciado explícito, por ejemplo, en una de las comunidades autónomas que gobierna el PP y que celebrará esta prueba en mayo. La orden que ha enviado Castilla y León a sus centros para la organización del examen, señala: “Los resultados de las evaluaciones individualizadas no serán objeto de publicidad a los efectos de establecer una clasificación de centros”.

El consejero de Castilla y León, Fernando Rey, también ha hecho declaraciones públicas contra las clasificaciones. “No haremos ránkings de colegios porque ese no es el objetivo. Lo principal es conocer en qué debemos mejorar”, señaló el pasado 22 de marzo en su parlamento regional. Una portavoz de su departamento señala que incluyen ese aviso en su normativa para dejarlo claro a la comunidad educativa y fijar el compromiso con los centros y públicamente.

"Las palabras duran lo que dura un ministro"

El portavoz del ministerio señala además que el ministro se ha comprometido públicamente a que no se hagan ránkings y que no tiene por qué ir regulado en la orden que han enviado a Ceuta y Melilla. “Las palabras de un ministro duran lo que dura ese ministro”, considera Carlos Utrera, representante de la federación de inspectores de educación ADIDE. “Lo que aparece en una orden es de obligado cumplimiento, es lo que da el principio de seguridad jurídica”, añade el inspector, que señala que tener una normativa clara “es lo que permitiría acudir a los tribunales en caso de que se incumpla”.

El antecesor de Méndez de Vigo, José Ignacio Wert, fue quien propuso ya antes de la aprobación de la LOMCE que se hicieran públicos los resultados de los colegios en las pruebas finales de evaluación para que las familias pudieran consultarlos.

La propuesta de Wert fue rechazada por las comunidades gobernadas por el PSOE, las mismas que ahora reprueban el examen de 6º de Primaria y que, tras las elecciones regionales de 2015, son mayoría. Tres de las ocho comunidades gobernadas por los socialistas -Cantabria, Extremadura y Castilla la Mancha- han señalado que no harán el examen. Este miércoles han plantado al ministerio en una reunión técnica para preparar esas pruebas. También han dicho que no realizarán la prueba Canarias, Cataluña, País Vasco y Navarra. El ministro Méndez de Vigo les ha recordado que tienen que hacerla porque “está en la ley”. La misma ley que no incluye que esas pruebas no acaben como una clasificación de centros.