Huelga de estudiantes contra la ley educativa y la reforma universitaria

El Sindicato de Estudiantes ha convocado dos días de huelga los próximos 13 y 14 de abril (miércoles y jueves) para reclamar la derogación “inmediata” de la Ley Orgánica de la Mejora para la Calidad Educativa (LOMCE) y del decreto que permite acortar la duración de las carreras, conocido como decreto 3+2. La protesta apela a los alumnos de secundaria, bachillerato, Formación Profesional y universidades, pero no a los profesores. Podemos, En Comù, En Marea e Izquierda Unida respaldan la convocatoria.

“Salimos a las calles para pedir al PP que revierta los recortes y derogue su ley ‘franquista’ y para recordarle al próximo Gobierno que estos puntos son irrenunciables”, explica la secretaria del Sindicato de Estudiantes, Ana García. La organización –con 20.000 afiliados, según sus propias estimaciones- critica que el Ejecutivo del PP, actualmente en funciones, continúa diseñando los cambios incluidos en la LOMCE. Entre otros, la polémicas reválidas de secundaria y bachillerato, previstas a partir de 2017, y que los alumnos deberán aprobar para obtener el título.

Contra PP, PSOE y Ciudadanos

Los convocantes también arremeten contra el acuerdo para un hipotético Gobierno que cerraron el PSOE y Ciudadanos. “Este pacto es una completa burla al movimiento de millones de estudiantes, profesores y padres: no derogarán la LOMCE ni el 3+2 [el decreto que permite recortar las carreras de cuatro a tres años y generalizar los másteres universitarios de dos años], tampoco eliminarán la religión de las aulas, no recuperarán los miles de millones de euros que han recortado a la enseñanza pública ni volverán a contratar a los miles de profesores que despidieron”, señalan en su llamamiento a la huelga.

El PSOE impulsó la semana pasada una proposición de ley para paralizar la reforma educativa del PP. Ciudadanos no secundó esa iniciativa, que tiene un carácter simbólico. Salió adelante con los votos del resto de la cámara (excepto el PP), aunque los tiempos parlamentarios hacen que resulte imposible su aprobación definitiva y puesta en marcha antes de que a inicios de mayo se conforme un nuevo gobierno o se convoquen finalmente elecciones.

La plataforma estatal por la escuela pública –que integran sindicatos de docentes y federaciones de padres- también apoya la movilización estudiantil, aunque no la convoquen.