Acuamed ofrece ahora readmitir a dos ingenieras represaliadas por denunciar

Acuamed, la empresa pública que investiga la Audiencia Nacional por inflar presuntamente contratos de grandes obras hidráulicas, se ha ofrecido a readmitir a dos de las ingenieras que fueron despedidas el año pasado tras negarse a participar en las irregularidades y denunciarlas. El consejo de administración de Acuamed, que preside Pablo Saavedra, el secretario de Estado de Medio Ambiente, autorizó esta semana ofrecer ese pacto a Gracia Ballesteros, exgerente territorial de la empresa, para evitar llegar a juicio.

Tanto Ballesteros como Azahara Peralta, exdirectora de los trabajos de descontaminación de Flix, demandaron a Acuamed tras ser despedidas de manera fulminante. El juicio de Ballesteros estaba fijado para este viernes en el juzgado de lo Social número 19. Los representantes legales de Acuamed le ofrecieron ser readmitida y aceptar "una pequeña sanción", según fuentes cercanas al caso, pero lo rechazó. El juicio finalmente se celebró a puerta cerrada.   

El despido disciplinario de las dos ingenieras se decidió en una reunión del consejo de administración de Acuamed —donde se sientan representantes de tres ministerios— celebrada el 30 de julio de 2015. Según el acta de esa reunión, los consejeros fueron informados de los resultados de un informe interno de auditoría sobre Flix y se les propuso despedir a las supuestas responsables de las "debilidades e incumplimientos" que se les atribuían.

La decisión se aprobó por unanimidad. El consejo lo presidía ese día Pablo Saavedra, secretario de Estado de Medio Ambiente y, como tal, número dos del Ministerio de Agricultura, que accedió a este cargo en sustitución de Federico Ramos, que dimitió tras verse salpicado en el caso Acuamed.

Las dos ingenieras llevaban meses negándose a cumplir las órdenes que los entonces máximos responsables de Acuamed, Arcadio Mateo y Gabriela Mañueco, ambos encarcelados ahora por orden del juez Eloy Velasco, les daban para que aceptaran beneficiar a determinados contratistas o para firmar sobrecostes.

Velasco cree que los directivos de Acuamed quisieron inflar el presupuesto de Flix para compensar a la constructora FCC por otra de sus obras, la de la desaladora de Bajo Almanzora, inundada en 2012, y para la que se pactó pagar a medias entre Administración y contratista la reparación. Un acuerdo del que fue informado incluso el entonces ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, y que nunca llegó a materializarse. Mateo y Mañueco actuaban, según un auto del juez, "siguiendo instrucciones emanadas desde la superioridad".

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Pablo Saavedra, aseguró haberse enterado de las situaciones de acoso a trabajadores díscolos en Acuamed "por la prensa" cuando se destapó la Operación Frontino en enero pasado. Sin embargo, el alto cargo recibió tres cartas, a lo largo del mes de julio de 2015, en las que Ballesteros denunciaba con detalle las graves irregularidades que se estaban produciendo y las presiones que recibía de los directivos.

En las cartas, incorporadas al sumario de la causa y adelantadas por la Cadena SER, la ingeniera relata el acoso laboral al que la sometían el director general, Arcadio Mateo, y la directora de Construcción, Gabriela Mañueco. Asegura que recibía "presiones, amenazas y descalificaciones" para "realizar actos que beneficiaban a determinados contratistas". El mobbing consistía también en destrozar su reputación y aislarla del resto de trabajadores. Ballesteros envió una cuarta carta, de contenido similar, al anterior secretario de Estado, Federico Ramos, en junio de 2015. Ninguno de los dos respondió.

La documentación aportada a la causa por Ballesteros complementa la que llevó a la Fiscalía Anticorrupción Francisco Valiente, ingeniero despedido de Acuamed en 2014 también por denunciar las irregularidades, que fue la que inició el caso. Si la información de Valiente se centra en los sobrecostes de la desaladora de Bajo Almanzora, en Almería, la de Ballesteros ha permitido al juez Velasco centrarse también en la red de abastecimiento Campello-Muxamel (adjudicada a la constructora Altec gracias a presiones para mejorar su puntuación técnica, según la ingeniera) y en las obras de control de avenidas en el río Serpis, con un 10% de sobrecoste que ella se negaba a aceptar.

El Gobierno no quiere hablar del escándalo del agua

La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, se ha negado esta semana a comparecer en el Congreso para dar explicaciones por el 'caso Acuamed'. Alega, como el resto de miembros del Gobierno, que no debe hacerlo por estar "en funciones".

Tejerina siempre ha insistido en la idea de que el escándalo de Acuamed no va más allá de la propia empresa pública y de su director general, Arcadio Mateo. "Este no es un caso de corrupción que afecta al PP ni de lejos", señaló en una entrevista en Los Desayunos de TVE la ministra de Agricultura.

Sin embargo, el caso se ha cobrado una dimisión política, la de Federico Ramos, mano derecha de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Ramos ha sido implicado por testigos del caso, que le sitúan en una reunión en la que se pactó una compensación irregular a FCC cuando era secretario de Estado de Medio Ambiente y, como tal, presidente del consejo de administración de Acuamed.

Los distintos ministerios que tienen representantes en el consejo de administración de esta empresa pública se niegan a responder a preguntas sobre las decisiones que se están tomando. Un portavoz de Agricultura declinó confirmar este viernes si el consejo presidido por Saavedra, y en que también figura la directora general del Agua, Liana Ardiles, había aprobado pactar con las ingenieras represaliadas.

Otra portavoz del Ministerio de Hacienda, que a través de la Dirección General de Patrimonio controla la totalidad de las acciones de Acuamed y que tiene a varios representantes en su consejo, también declinó comentar las decisiones tomadas en la empresa pública.