La policía acusa de fraude a la ONG Unión Romaní

La policía ha denunciado ante un juzgado de Sevilla a la ONG Unión Romaní por un supuesto fraude de subvenciones y falsedad documental. Tras más de dos años de investigación, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la capital andaluza ha detectado irregularidades por importe de 150.000 euros en las cuentas de 2011 de la segunda organización del país para la integración de la comunidad gitana. El grueso de sus ayudas anuales (2,4 millones) procede del Ministerio de Sanidad.

Los investigadores señalan como responsables del supuesto fraude al número dos de Unión Romaní, el vicepresidente Antonio Torres; su esposa, Rosario Arboleda; el secretario general y encargado financiero Manuel García y los representantes de las firmas Torneo Informática, Copiarte y Viajes Corinto. Estas empresas ayudaron supuestamente a la ONG a justificar las ayudas públicas a través de facturas irregulares.

Unión Romaní gestiona al año cerca de 2,4 millones en subvenciones para programas educativos y de formación procedentes del Ministerio de Sanidad (1,2 millones) y de la Junta de Andalucía, entre otras instituciones. La entidad cumple esta semana 30 años.

La policía maneja un voluminoso atestado con anexos que entregó la semana pasada a la titular del Juzgado de Instrucción 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez. Entre las irregularidades destacan las facturas de una empresa informática por el mantenimiento de ordenadores en colegios. Cuando los agentes preguntaron a los directores de los centros escolares, estos negaron la existencia de ordenadores en el programa. "No hay ordenadores, son gastos y facturas ficticios", dicen fuentes policiales. La ONG también justificó actos en hoteles que no se celebraron, según los responsables de estos establecimientos.

La policía ha detectado también irregularidades en la sede andaluza de la ONG. E indicios sospechosos en Teruel y Logroño, donde otras firmas colaboraron con Unión Romaní para justificar las subvenciones, según los investigadores. Sin embargo, los agentes no acusan a ningún dirigente ni empresario por estas sospechas fuera de Andalucía. El pasado 7 de marzo la juez reclamó a la policía el envío de los primeros resultados de la investigación. La magistrada debe delimitar ahora el alcance de las irregularidades, los posibles delitos, el ámbito geográfico. Y si amplía las pesquisas más allá del ejercicio analizado, 2011.

"Atravesamos un momento de crisis pero estoy plenamente convencido de que la juez dará carpetazo al asunto. Hay alguna menudencia como un trasvase de facturas, pero nada objeto de delito. Cuando destapas el perfume, a ver cómo lo metes de nuevo en el tarro", lamenta el encargado financiero Manuel García. La ONG encargó auditorías externas. La última se desarrolló "hace años" y el responsable financiero, que estima "innecesario" este control contable, avanza un cambio a partir de la próxima semana cuando se celebre una asamblea general en Madrid. "Hemos dado 27 cajas de documentación a la policía. Y de miles de facturas vistas, solo hemos detectado tres facturas por 400 euros. Si justificando me faltan 45 euros, esa factura se la paso a otro proyecto del mismo programa (…) Hay mucha gente que para emitir facturas, no veas", se queja el responsable financiero.

Al superar el presunto fraude la cantidad de 120.000 euros, los agentes consideran que existe un delito contra la Hacienda pública —sancionado con penas de hasta cinco años de prisión—. En paralelo, la denuncia explica un modus operandi que conllevaría un delito de falsedad documental, ya que los empresarios fueron supuestamente conniventes para facturar por servicios que no prestaron. "No hay facturas falsas ni nada de eso. Todas han sido facturas reales, son eventos completamente reales. Si luego Unión Romaní ha hecho o dejado de hacer con el hotel directamente no es asunto mío", responde Rafael Gutiérrez, responsable de Viajes Corinto. Ni el Ministerio ni la Junta de Andalucía han identificado anomalías en las esporádicas revisiones de sus programas ni en la justificación mediante facturas.

Torres y García llevan 12 años al frente de la ONG junto al ex europarlamentario del PSOE Juan de Dios Ramírez-Heredia, que preside la entidad desde 1986. Mientras que García avanza que "el relevo generacional está cerca", Torres, de 73 años, anticipa que se mantendrá en el cargo aunque la juez también acuse y ambos pasen a ser investigados: "Dimiten los que tienen miedo a dar la cara. Solo vamos a tener problemas, no dinero", alega. Unión Romaní Andalucía será liquidada en breve debido a los recortes de las ayudas de la Junta andaluza y sus empleados pasarán a la estructura nacional, según sus responsables.

En 2014 la ONG destinó el 73% de su presupuesto a las nóminas de sus 94 trabajadores en Barcelona y Sevilla, según su memoria. El atestado policial cuestiona ahora el patrimonio atesorado por su vicepresidente, cuya esposa y una hija trabajan a sus órdenes: dos casas, ocho garajes y ocho coches de época, según los investigadores. El directivo niega la mayor y reduce su patrimonio a una sola casa, dos garajes y dos coches: un seiscientos y un Rolls Royce.

"Llevo toda mi vida sin beberme una cerveza en la calle. Cobro 1.600 euros", responde Torres. "¿Para qué investigan Unión Romaní? Es ganas de tocar las pelotas. No nos dejan en paz", añade.

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