El juez implica a “muy altos cargos de Agricultura” en el fraude de Acuamed

El juez Eloy Velasco, que el miércoles dictó prisión incondicional para cinco de los 13 detenidos en la Operación Frontino, cree que hay "una organización criminal" dentro de la firma Acuamed (Agua de las Cuencas Mediterráneas, dependiente del Ministerio de Agricultura). Velasco redactó anoche un auto en el que sitúa de cabecilla de la red al destituido director general de la empresa pública, Arcadio Mateo, e implica a "cargos de muy alto nivel del ministerio" en pactos para favorecer con dinero público a una unión temporal de empresas (UTE) liderada por FCC.

En una de las siete obras investigadas en esta trama, la desaladora de Bajo Almanzora (Almería), Velasco desvela un pacto económico con FCC que incluso trasciende a los directivos de Acuamed implicados y que vendría impuesto "desde muy alto nivel en el Ministerio [de Agricultura]".

El auto del juez Velasco abunda en siete contratos sospechosos: la desaladora de Bajo Almanzora en Almería (adjudicada a FCC y Abengoa); la descontaminación del embalse de Flix, en Tarragona (licitación que ganó FCC); la presa de la avenida Rambla Gallinera en Valencia (empresas Sogeosa y Torrescámara); la desaladora de Torrevieja (Acciona); las conducciones de la desaladora de Campello-Mutxamel en Alicante (Altec-Altyum); el Cerro Colorado de Murcia (Altec) y la presa de antiavenidas del río Serpis (Altec).

El caso de los contratos con FCC para construir la desaladora de Bajo Almanzora y descontaminar el pantano de Flix es especialmente llamativo. El juez describe cómo Acuamed pactó con FCC una "compensación indebida" de 40 millones de euros. Según el auto ese acuerdo incluyó a "cargos de alto nivel en el Ministerio" de Agricultura y llegó a consignarse en una partida en los Presupuestos Generales del Estado de 2015.

El juez explica que, después de que en 2012 una riada inundara y dejara inutilizada la desaladora de Bajo Almanzora, en Almería, Acuamed pactó con FCC que el dinero que esta debía desembolsar para arreglar los desperfectos se le compensaría posteriormente con otros contratos.

En Flix "se pretenden cambios de certificaciones para retirar penalizaciones y pasar de una facturación aproximadamente debida de 3,5 millones, a 40 ficticios". Esta cantidad, argumenta el juez, se intenta justificar certificando unidades de obra no ejecutadas en expedientes paralelos, metiendo conceptos extraordinarios que no existían con documentación falsa. El perjucio a la Administración por "compensar" a FCC es de 40 millones de euros. Y se hizo "siguiendo instrucciones emanadas desde la Superioridad", asegura el juez.

Dádivas

Velasco sitúa al ya exdirector Arcadio Mateo del Puerto en la cúspide de una trama que actuaba en connivencia con ejecutivos de grandes empresas constructoras adjudicatarias de contratos públicos gestionados por la empresa estatal Acuamed. El juez señala que a cambio de adjudicar obras a estas compañías, entre ellas FCC y Acciona, recibió regalos en especie para él y algunos de sus subordinados. Entre las "dádivas" que el juez destaca en el auto figuran viajes a Turquía, el pago de hoteles de lujo, coches e incluso un "implante de pelos".

Velasco sostiene que el jefe de la trama, en connivencia con contratistas beneficiarios de obras, presionaba a sus subordinados para que amañasen las adjudicaciones y los sobrecostes de obras. Los que se negaban eran despedidos, tal y como adelantó ayer EL PAÍS. Los que colaboraban, en cambio, eran ascendidos en la empresa, que pese a ser pública no está formada por funcionarios sino por personal laboral.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco envió este miércoles a prisión incondicional —sin posibilidad de fianza— a cinco de los 13 detenidos en la Operación Frontino, que investiga el supuesto fraude en la empresa pública Acuamed (Agua de la Cuencas Mediterráneas). El magistrado ha impuesto fianzas de entre 12.000 y 50.000 euros a los otros ocho arrestados para evitar su ingreso en la cárcel.

Velasco atribuye a los implicados en la trama delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, maquinación para alterar el precio de los contratos, prevaricación y falsedad documental. También considera que forman parte de una trama y les atribuye asimismo el delito de organización criminal en un auto dictado a última hora de la tarde tras tomar declaración a los detenidos durante ocho horas.

Los detenidos que han ingresado en prisión sin posibilidad de fianza son el director general de Acuamed, Arcadio Mateo del Puerto; su responsable de Contratación, Francisco Javier Gómez Pastor; su directora de Ingeniería y Construcción, María Gabriela Mañueco; su delegado en Valencia, Pablo Martín; y Nicolás Steegmann, presidente de Altec. El juez aprecia riesgo de fuga y de "destrucción y amaño de pruebas". Además cree que podrían intentar influir en contratistas o trabajadores honrados que les plantaran cara.

Velasco considera que los detenidos actuaban de esta forma a sabiendas de que estaban produciendo un perjuicio al erario público que "por supuesto tenían que defender". Y apunta en el auto: "Alguno llega a decir que el dinero público no es de nadie".

El juez ha enviado a la cárcel, aunque con posibilidad de salir libres si pagan sus fianzas, al presidente de FCC Construcciones, Miguel Jurado Fernández, y a Justo Vicente Pelegrini, director de Infraestructuras en España de Acciona, entre otros. Este último abonó por la tarde los 50.000 euros de fianza que le impuso el juez y quedó en libertad.