La fiscalía archiva la investigación sobre la contaminación de Palomares

La Fiscalía General del Estado ha archivado la investigación que abrió en verano sobre la descontaminación aún pendiente de la zona afectada por el accidente nuclear de Palomares, del que se cumplen 50 años el domingo. Las diligencias se iniciaron tras una denuncia de Ecologistas en Acción en la que se acusaba de "desinterés" e "inactividad" a los responsables de las Administraciones por la falta de limpieza total del paraje almeriense. Pero el fiscal cree que las autoridades y funcionarios han realizado "numerosas" actuaciones para retirar las tierras contaminadas.

El domingo se cumplen 50 años desde que cuatro bombas nucleares cayeron sobre Palomares, una pedanía de Cuevas del Almanzora (Almería), desde un avión B-52 estadounidense que colisionó con otro aparato en una operación de repostaje. Dos de las bombas se rompieron y dispersaron el combustible nuclear. Tras aquel accidente de 1966 se acometió una primera descontaminación. Pero, medio siglo después, parte de las tierras siguen sin limpiarse completamente.

Ecologistas en Acción presentó a finales de junio una denuncia contra el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat), el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y los miembros del Gobierno responsables por un supuesto "delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente". Les acusaban de "desinterés" e "inactividad" a la hora de limpiar la zona.

El fiscal Antonio Colmenarejo decidió abrir el 8 de julio unas diligencias informativas para investigar esta denuncia. Tras recabar información de las autoridades estatales y andaluzas y de algunos órganos que figuraban en la denuncia del grupo ecologista, Colmenarejo ha archivado esta investigación.

Contrariamente a lo que denunciaban los ecologistas, el fiscal concluye en su escrito de archivo que "han sido numerosas las actuaciones que desde el año 2004 se han llevado a cabo por las autoridades y funcionarios competentes para dar una solución definitiva a la retirada y traslado de las tierras contaminadas por el accidente de 1966". Los distintos Gobiernos centrales han negociado sin éxito en la última década con Estados Unidos una salida para esas tierras contaminadas. No fue hasta el pasado mes de octubre cuando se consiguió un primer compromiso de la Administración estadounidense.

La fiscalía rechaza que exista una falta de acción por parte de los distintos responsables y entiende que no le puede atribuir "responsabilidad penal" a las Administraciones por tanto. Y sostiene que a los responsables actuales tampoco se les puede culpar de la falta de acción de "otras personas hace varias décadas". El fiscal cita en su escrito varias normas aprobadas en los últimos años por las Administraciones que en su opinión muestran que sí se ha actuado.

El escrito de la fiscalía está fechado el 23 de noviembre, casi un mes después de que el secretario de Estado de EE UU, John Kerry, y su homólogo español, José Manuel García-Margallo, firmaran en Madrid una declaración de intenciones por la que se comprometen a alcanzar "tan pronto como sea posible" un acuerdo para rehabilitar la zona de Palomares. El acuerdo incluye el traslado de las tierras contaminadas a "un emplazamiento adecuado en los Estados Unidos", que podría ser Nevada.

Ecologistas en Acción ha criticado este jueves a los últimos Gobiernos democráticos por "no hacer la suficiente presión sobre EE UU". Sin embargo, esta organización valora el acuerdo de octubre, que en su opinión "abre la puerta a la solución del conflicto". Pero recuerda que se trata de un "escueto texto de cuatro páginas". Reclama "que se hagan públicos los detalles del acuerdo y que se compense a la población local por los daños sufridos por la limitación del desarrollo de la zona y por la amenaza para la salud". En el principio de acuerdo entre España y EE UU no se fijan ni plazos ni se establecen los costes que asumirá cada país en la limpieza y traslado de los residuos.