La juez de la formación en Sevilla desgaja el caso en nueve piezas

Lo hizo con el caso de los ERE y, ahora, con el de los cursos de formación. La titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, María Nuñez, ha acordado dividir en nueve piezas esta última macrocausa, que investiga el uso indebido de subvenciones públicas para cursos que no se realizaron, no se justificaron o que se facturaron por encima de los costes reales. Esta decisión contrasta con la visión de la anterior instructora Mercedes Alaya, que ha defendido a capa y espada la cohesión tanto de los ERE como de la formación. La Fiscalía Anticorrupción ya pidió a la juez que desgajara también esta instrucción para lograr mayor agilidad.

La magistrada divide el caso, que tuvo su origen en la investigación de los ERE, en tres entramados empresariales (entre ellos el del exconsejero andaluz Ángel Ojeda), cuatro consorcios creados por la Junta de Andalucía, la Fundación Pública Andaluza de Formación y Empleo (Faffe) y el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Como argumentos a su decisión, Nuñez señala que la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales (en vigor desde el pasado 6 de diciembre) establece que "la simple analogía o relación entre sí no constituye una causa de conexión y solo se justifica la acumulación cuando el juez lo considere más conveniente, salvo que suponga excesiva complejidad o dilación para el proceso". Estas son las claves de las nueve piezas:

Tres entramados empresariales. La juez pone la lupa en la actividad de los empresarios Ángel Ojeda, José María Pérez González y Rafael Velasco Sierra al considerar que buena parte de los fondos percibidos para la realización de cursos se destinaban a otros fines. En el primer caso, la magistrada hace un excepción al creer que la pieza del exconsejero andaluz no debe separarse de la investigación realizada a Delphi y a la actividad del Grupo Prescal. El entramado, según razona la juez, habría recibido dentro del dispositivo de Delphi por parte de la Consejería de Empleo 33,3 millones de euros en concepto de subvenciones excepcionales a la formación y a la contratación. La juez remarca que la investigación pone de manifiesto que Delphi actuó con el entramado vinculado a Ojeda.

Cuatro consorcios. Los entes investigados son CIOMijas, Formades, Forman y CTI. En el auto se indica que "hasta ahora solo se han iniciado investigaciones con respecto" a estos cuatro y que solo en los dos primeros se han realizado actuaciones policiales. La juez añade que "los atestados relativos a nuevos consorcios que presente la Guardia Civil darán lugar a la incoación de una nueva diligencia previa que se incoará para instrucción y enjuiciamiento".

Fundación Pública Andaluza de Formación y Empleo. La octava pieza investigará sobre "la concesión, tramitación y destino dado por esta entidad a subvenciones para formación que pudieran ser constitutivos de infracción penal sobre fraude de subvenciones, en su caso, malversación, en el seno de ente público, en la tramitación y gestión de las subvenciones para formación".

Servicio Andaluz de Empleo. La juez investigará los posibles delitos de prevaricación continuado de altos cargos de este organismo, sobre los que se ha centrado la actividad de investigación en el último año con la detención de directores provinciales del SAE y jefes de servicio de Formación Profesional para el Empleo. Los arrestados fueron acusados por la anterior magistrada de crear una "red de clientelismo político" al conceder subvenciones procedentes de la Unión Europea a empresas que no habían justificado ayudas previas ya gastadas.