La reina del viento se sienta en el banquillo por corrupción urbanística

La Audiencia Provincial de Zaragoza juzga desde este martes a la exalcaldesa de La Muela (Zaragoza) María Victoria Pinilla (del Partido Regionalista de Aragón) y a otros 39 acusados por la Operación Molinos. El proceso enjuicia el mayor caso de corrupción que se recuerda en la comunidad autónoma de Aragón y sienta en el banquillo a una regidora que recibió el apelativo de La reina del viento porque durante su mandato hizo una firme apuesta por la energía eólica. El fiscal pide para la exregidora 37 años de cárcel, 165 de inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo o empleo público y multas por valor de 23 millones de euros, por 24 delitos económicos; entre los que se encuentran el cohecho, la prevaricación y el blanqueo de capitales. Pinilla se ha declarado inocente de los hechos que se le atribuyen en la primera jornada del proceso.

Desde este martes y hasta final de semana el tribunal —presidido por el magistrado Francisco Javier Cantero e integrado también por Esperanza de Pedro y Francisco Picazo— dirimirá las cuestiones previas del proceso. Las declaraciones de los acusados, testigos y la presentación de las pruebas periciales tendrán lugar desde el 11 de enero al 31 del mismo mes. Pinilla ejerció como alcaldesa de La Muela durante 24 años. El 18 de marzo de 2009, la trama de corrupción urbanística que supuestamente había urdido la edil en el Ayuntamiento salió a la luz tras su detención.

"Yo soy inocente", ha respondido la exalcaldesa al ser preguntada sobre si se plantea pactar una reducción de la pena y reconocer los delitos que se le imputan. "Todo tiene su tiempo", ha añadido de forma enigmática, después de subrayar que no tenía "nada" que añadir a lo que habían expuesto los abogados en la sala y que se conformaba con tener salud (padece una grave enfermedad).  Su abogado, José Antonio Visus, ha afirmado que no revelarán su estrategia de defensa hasta el 12 de enero, cuando se reanude el juicio. Al ser cuestionado por si se está negociando o no una rebaja de la pena, ha respondido: "En estos momentos no le puedo contestar a esta pregunta".

La industria eólica encontró en La Muela, a 20 kilómetros de Zaragoza, un terreno privilegiado para instalar molinos: se plantaron en sus alrededores unos 500. El dinero recaudado de la venta y alquiler de las fincas convirtió a la localidad en una de las más ricas de España. En 10 años quintuplicó su población y pasó de 800 a 5.000 habitantes. Una década de bonanza económica que explotó en 2009 y dejó una deuda en el Ayuntamiento de 25 millones de euros y un agujero tributario de 8,5.

Entre el resto de los 38 imputados se encuentran el marido de Pinilla, Juan Antonio Embarba, y sus hijos. El fiscal pide 11 años y medio de prisión para él; cuatro para su hijo Jorge, y otros tres para sus otros dos hijos, Víctor y Juan Antonio. El primo de la exalcaldesa, Carmelo Aured, que actuaba como mediador, afronta 19 años; y Julián de Miguel, propietario de la empresa que resultó beneficiada por los supuestos tejemanejes, 26. Se los acusa de los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude de subvenciones, fraude fiscal, negociaciones prohibidas con funcionarios, falsedad, prevaricación, exacciones ilegales y blanqueo de capitales.

Acuerdos

Visus ha criticado la actitud de algunos de los otros imputados. "Ustedes son muy inteligentes y han visto lo que ha sucedido en la sala, y de ahí pueden sacar sus conclusiones", ha manifestado el abogado sobre los acuerdos que han alcanzado otros procesados, que han aceptado su culpabilidad y han decidido pagar las cantidades económicas que les reclama el Ayuntamiento.

En esta primera jornada, el exconcejal por el PAR Carlos Rodrigo Vela ha reconocido los delitos y ha depositado en el Consistorio de La Muela los 30.000 euros que le reclamaba la Corporación, un paso que han dado también los propietarios de la empresa Brocover, José Fernández y su hijo José Carlos, en su caso 335.000 euros.

Estos pactos han sido cuestionados por el letrado Santiago Palazón, defensor de otro de los procesados, al entender que no ha sido informado por la fiscalía de estas negociaciones y que estos acuerdos de conformidad deberían plantearse para todos y no perjudicar al resto. María Victoria Esponera, en representación del Ministerio Público, ha respondido que la "fiscalía no negocia" y que no ha existido una "conformidad", pero que tiene las puertas abiertas para todas las partes que quieran hablar, como recoge la nueva legislación.

El caso ha sido instruido por el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), Alfredo Lajusticia. Esta fase del procedimiento ocupa más de 33.000 folios, que recogen la investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional.