Acuerdo en dar más dinero a la sanidad, pero no en cómo repartirlo

El gasto sanitario público español representaba el 6,7% del PIB en 2009. Este año estará en el 5,6%. El descenso es de unos 10.000 millones. Por eso la financiación del sistema de salud fue uno de los ejes del debate organizado por la Asociación Nacional de Informadores de la Salud con representantes de los cinco partidos nacionales con posibilidades de obtener representación parlamentaria en las próximas elecciones generales, según el último sondeo del CIS: PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos e IU-Unidad Popular. Y fue uno de los puntos de acuerdo: los cinco proponen aumentar la partida del gasto —o inversión— en salud. 

José Martínez Olmos, representante del PSOE, fue el más ambicioso: su idea es aportar 10.000 millones de euros, para que el gasto ronde el 7% del PIB. Ana Castaño, de Podemos, habló de 8.000 millones los dos primeros años, y de 10.000 millones los dos siguientes. También José Ignacio Echániz (PP), Francisco Igea (Ciudadanos) y Juan Antonio Llamas (IU) prometieron más recursos. Pero ahí acabaron las coincidencias. 

Echániz confió la recuperación presupuestaria de la sanidad a la de la economía en general. Como el sistema se financia a través de impuestos, una mejora de la actividad representará más recaudación, argumentó. Llamas lo negó, al afirmar que la creación de puestos de trabajo precarios y mal pagados no va a suponer ese aumento de los ingresos fiscales. PSOE y Podemos confiaron en sus medidas fiscales, como reducir el fraude, para disponer de más dinero para la sanidad sin subir los impuestos.

En lo que no hubo concreción fue en cómo repartir el dinero. Las comunidades generan sistemáticamente más gasto del que presupuestan, lo que va aumentando su deuda. Cuando empezó la legislatura, la de las comunidades con los proveedores (laboratorios, farmacias) era de 16.000 millones. El Gobierno del PP lo solucionó prestándole el dinero a las comunidades mediante los llamados FLA (Fondos de Liquidez Autonómica), recordó Echániz. Pero con ello pasaron de deberle dinero a sus proveedores a debérselo a los bancos. Ahora, esa deuda asciende a 28.000 millones, afirmó Martínez Olmos.

El caso es que el sistema de financiación autonómica no convence a nadie, pero ninguno expuso un modelo alternativo. La idea de aportar dinero específicamente a salud es complicada (y, de momento, inviable) porque el Estado aporta fondos a las comunidades sin especificar en qué deben gastarlo. Olmos propuso un pacto de Estado, similar al de Toledo para las pensiones, que deje la sanidad fuera de la disputa política. Echániz solo se comprometió a un nuevo sistema pactado. El resto anduvo igual de poco concreto. 

El debate de la financiación está muy ligado al del papel de la sanidad privada. Algunos (PP) lo ven como un alivio para la sanidad pública. Llamas lo considera una inequidad más, que los ricos pueden permitirse porque pueden elegir, y los pobres no. El hecho es que en todas las comunidades hay servicios sanitarios públicos ofrecidos por grupos privados. Para Echániz esto está bien porque ha demostrado que funciona. Olmos manifestó que la privada debería tener solo un papel complementario, y, a ser posible, en manos de organizaciones sin ánimo de lucro. Lo mismo dijo Igea. Llamas y Castaño propugnaron por revocar las concesiones a empresas privadas, también en servicios auxiliares (limpieza, comida).

Estos dos últimos también fueron los más tajantes en afirmar que la formación de los médicos debería estar en manos públicas y no en las de los laboratorios, y Podemos llegó a propugnar una fabricación de medicamentos estatal. Igea fue el único que introdujo matices a la idea de si el sistema era sostenible si seguíamos empeñados en dar todo a todos, aunque se comprometió a no aprobar más copagos.

PSOE, IU y Podemos apostaron por revocar el real decreto de exclusión sanitaria de abril de 2012, que cambió el copago de los fármacos y dejó sin atención a los inmigrantes en situación irregular y a otros colectivos. Castaño ofreció una ley de derecho a gestionar la propia vida (cuidados paliativos y eutanasia).

Hubo otros dos temas estrella: el de la inequidad y el de la transparencia. El PSOE propuso elaborar una cartera de servicios única básica. Ciudadanos, acortar la diferencia en los presupuestos entre comunidades. Lo que ninguno puede imponer es que todas las comunidades ofrezcan lo mismo: las competencias permiten a cada Gobierno autonómico dar más del mínimo.

Sobre transparencia se habló de crear un portal o un mecanismo similar (PSOE, Podemos, IU). Echániz hasta presumió del sistema de Madrid en listas de espera, donde ha sido consejero (un registro que fue apartado del cómputo estatal porque llevan un sistema propio de registro). Para Castaño y Llamas, esto es fundamental si se quiere que los pacientes puedan elegir médico u hospital. Ninguno mencionó uno de los casos más obvios ocultación de datos a los ciudadanos. El Ministerio de Sanidad supone, pero no facilita, los datos de las listas de espera por comunidades. Y no lo hace porque las autonomías pusieron ese requisito para dar sus números, y el ministerio aceptó.