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Hacienda reclama a Cataluña un ajuste adicional de 1.300 millones

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, pide a la Generalitat que apruebe nuevas medidas para cumplir el déficit generado tras aflorar facturas ocultas

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, felicita a Antonio Beteta, secretario de Estado de Administraciones Públicas
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, felicita a Antonio Beteta, secretario de Estado de Administraciones Públicas, el día de su toma de posesión.

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha enviado una carta al consejero de Economía catalán, Andreu Mas-Collel, en la que le reclama que incluya nuevas medidas en su plan ajuste presupuestario antes del próximo 15 de noviembre —ya sean recortes de gastos o subida de ingresos— por importe de 1.318 millones de euros, para cumplir con el objetivo de déficit tras descubrir  que tenía facturas sin contabilizar por esa cantidad.

Hacienda acusó hace 15 días a Cataluña de haber ocultado gastos de años anteriores por un importe de 1.318 millones de euros. También señaló a Zaragoza por no haber contabilizado gastos por otros 200 millones. Se trataba de contratos de colaboración público privada que, según Hacienda, estas administraciones no habían registrado en la información que remiten al Ejecutivo. En el caso de Generalitat correspondía a facturas de inversiones en carreteras y centros penitenciarios por un importe de 1.318 millones. Por su parte, Zaragoza no había recogido contratos de la construcción del tranvía por un importe de 200 millones de euros.

La oficina estadística europea, Eurostat, obliga al Gobierno ahora al Gobierno a reconocer esas facturas en la contabilidad pública de este año, lo que contribuirá a engordar el déficit público en dos décimas y pone en riesgo la consecución de la meta de déficit impuesta por Bruselas, en el 4,2% del PIB.

Por eso, Beteta envió una carta el pasado 5 de noviembre en la que explica a Mas-Collel la situación: "La imputación al ejercicio 2015 de las operaciones descritas supone un aumento del gasto y de la deuda de la Comunidad durante el año en curso, circunstancia que debería tenerse necesariamente en cuenta por parte del Gobierno de Cataluña en la consecución de los objetivos de déficit y deuda correspondientes a 2015 y de la que debería derivarse la adopción de medidas concretas dirigidas a alcanzar dichos fines que se vean reflejadas en el Plan Económico Financiero (PEF) de la comunidad". Y prosigue: "Con este fin,  la comunidad deberá actualizar su Plan Económico Financiero con ocasión del seguimiento mensual del plan de ajuste que debe remitir la comunidad antes del próximo 15 de noviembre".

El pulso del FLA

La reclamación de Beteta se produce en un momento de máxima tensión entre el Gobierno central y la Generalitat a cuenta del pulso secesionista. Desde Hacienda amenazan con cortar el grifo de la liquidez a Cataluña si mantiene el desafío. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, reclama lealtad a la Administración catalana para mantener el Fondo de Liquidez Autonómica, la línea de crédito gratuita que el Gobierno tiene abierta para que las comunidades en problemas puedan financiarse. Este mecanismo ha sido una tabla de salvación para Cataluña porque los mercados le habían cerrado las puertas y apenas podía financiarse.

Desde Cataluña achacan los problemas de liquidez que les ha llevado a demorar el pago a las farmacias a un retraso de Hacienda en pagar el FLA. Sin embargo, el Departamento que dirige Cristóbal Montoro niega que haya aplazado algún pago y sugirió que los problemas de tesorería de Cataluña se deben porque está pagando financiando el proceso independentista antes que liquidar la deuda con las farmacias.

"Los actuales pagos mensuales del FLA corresponden al déficit de 2015 y tienen que destinarse, prioritariamente, al pago a proveedores y, dentro de estos, atender especialmente a los servicios públicos fundamentales (sanidad, educación y servicios sociales). Corresponde, en todo caso, a la comunidad autónoma, seleccionar individualmente las facturas a pagar, sin perjuicio de las facultades de comprobación y retirada de facturas conferidas al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, cuya aplicación es potestativa. La Comunidad Autónoma puede alterar esta priorización en el pago a proveedores para atender otros conceptos distintos, dentro de los previstos en el programa, realizando la oportuna solicitud al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas", señaló la semana pasada en un comunicado.

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