Los fiscales acusan al Gobierno de dificultar la lucha contra la corrupción

Los fiscales conservadores consideran que las leyes aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy provocan “graves dificultades en la investigación de las formas más graves de delincuencia, en especial de los delitos relacionados con la corrupción”. Esa es una de las duras conclusiones del congreso de la Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria en la carrera y la más próxima ideológicamente al PP.

 Se da la circunstancia de que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, participó en la clausura del congreso celebrado en Zamora, pero rechazó quedarse en la cena posterior. También estaba presente la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, a la que la AF le reprocha no haber mantenido la posición crítica del Consejo Fiscal a la Ley de Enjuciamiento Criminal.

Las conclusiones de la AF extiende las críticas a las leyes del Gobierno a la reforma del Código Penal que entro en vigor el pasado mes de junio. Aseguran que la asociación “lamenta la aprobación de la Ley Orgánica de reforma del Código Penal, ya que evidencia la falta de una visión acertada y completa del derecho penal y la administración de Justicia en nuestro país”. Añade que “la Asociación de Fiscales considera inadecuada e innecesaria la reforma en los términos en que se ha producido, así como la premura de su entrada en vigor desde su publicación en el BOE”.

 “Dislate” legislativo

Las conclusiones hacen un repaso a la actividad legislativa del Gobierno de Mariano Rajoy sobre Justicia y prácticamente rechaza todas las normas aprobadas.

Es especialmente dura con la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal que entrará en vigor el 7 de diciembre y que, según explican, al limitar los plazos de instrucción dificulta la lucha contra la corrupción. Según explican, “refleja un absoluto desconocimiento del funcionamiento interno de cada Fiscalía e implanta una carga de trabajo irracional en relación a los medios materiales disponibles”.

“La exclusión del control judicial de oficio de la duración de la instrucción y sus prorrogas es un dislate pues es la oficina judicial quien tiene el dominio efectivo del procedimiento y por tanto quien puede cumplir la finalidad pretendida”, aseguran los fiscales. Sobre este asunto, la Asociación de Fiscales “lamenta la inflexible postura del Ministerio de Justicia precipitando la entrada en vigor de la reforma en periodo electoral y pide a la Fiscal General del Estado un pronunciamiento expreso de apoyo a la postura mayoritaria de la Carrera Fiscal en este tema”.

Critica también que el Gobierno haya renunciado a su intención inicial de dar a los fiscales la instrucción.

La Asociación de Fiscales, además, incluye en sus conclusiones duros reproches al Gobierno por no haber dotado al ministerio fiscal de medios suficientes para asumir sus funciones, ni haber ampliado la plantilla en los últimos años.

“El debido funcionamiento de la justicia exige que la justicia profesional sea desarrollada por un número suficiente de fiscales, con una progresiva reducción de la desproporción entre ciudadanos por cada fiscal, en paralelo a lo que sucede en el resto de Europa. Para tal fin, resulta imprescindible contar con las herramientas que permitan determinar la carga de trabajo de cada fiscal", asegura.