Matar a un animal y dar con los huesos en la cárcel

El caballista Eugenio Sánchez María, de 41 años de edad, que trabaja como repartidor de una empresa de bebidas, es la primera persona en España que entra en prisión— para cumplir una condena de ocho meses— por un delito de maltrato animal con resultado de muerte, según fuentes de la Fiscalía General. El rechazo social a estas conductas ha aumentado y, paralelamente, las sentencias condenatorias por delitos de maltrato animal en España se han multiplicado. Pero el caso de Sánchez es distinto: él ha entrado en la cárcel para cumplir la pena.

El 30 de diciembre de 2012, el caballo Sorky das Pont, de seis años, saltó durante una carrera de trote y fue descalificado. Ya en las cuadras del hipódromo de Manacor, Sánchez golpeó repetidamente al animal porque estaba "enfadado" por la "mala carrera". Así se recoge en la sentencia del magistrado Eduardo Calderón, donde se explica que le atizó con un palo en la cabeza hasta la muerte. Quiso excusarse y dijo que el equino se desnucó al alzarse de las patas delanteras y golpearse con una viga del techo.

En el juicio, en abril de 2015, el reo estaba como ausente, relatan los testigos. Apenas habló. Fue un juicio rápido. Asumió los hechos y la condena. Ni su defensa ni él imaginaban que cumpliría la pena de cárcel. "Es un buen hombre, ha perdido 30 o 40 kilos de peso desde entonces. Quedó destrozado, hundido, temimos por él", explica un destacado propietario de caballos de Manacor que le conoce. "Era un chillón", dice, sin embargo, otro aficionado.

Sánchez, años atrás, había sido condenado a realizar trabajos en beneficio de la comunidad por conducir ebrio. "Esos antecedentes penales estaban caducados desde hacía tiempo", reseñan desde su defensa, que en el caso de la muerte del caballo apeló ante la Audiencia de Palma y ante la juez la orden de cumplimiento de condena y el rechazo a que fuera sustituida por trabajos de rehabilitación social.

Cambios en el Código Penal

El caballista ingresó hace dos semanas en la cárcel porque la juez de lo penal María Jesús Campos Barciela ordenó el cumplimiento de la condena. "Es una medida extraordinaria. Si un conductor atropella a un ciclista y le causa la muerte, pueden imponerle una pena de un año y no entra en prisión", sostiene una persona cercana a la defensa que pide el anonimato.

La juez es una magistrada experta, expresiva y reflexiva en sus escritos, con detalles casi filosóficos y morales, sensible en cuestiones que afectan a los derechos de las víctimas y al maltrato animal. Hasta ahora, fuera de los medios judiciales, había sido una juez sin perfil público. No es tímida, pero rechaza la notoriedad, dicen quienes la tratan.

"Este delito está penado con un año de cárcel —nos parece poco— y en el juicio, con sentencia por conformidad, con el fiscal solicitamos el cumplimiento de la pena de ocho meses. No nos ha sorprendido", observa Manuel José Molina, letrado que ejerció la acusación en nombre de la Asociación Balear de Abogados por los Derechos de los Animales. Son media docena de jóvenes profesionales, sin patrocinios, que actúan en casos de maltrato animal.

Los letrados ponen el foco en un problema en el que cada vez hay más conciencia social. Ya en su memoria de 2013, la fiscalía coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo apuntaba a un incremento de estas denuncias. "Se observa con carácter general un aumento en la sensibilización social ante esta lacra", señalaba ese informe. Desde 2008 hay también un aumento sostenido de las condenas judiciales por este tipo de delitos. En 2008, la fiscalía coordinadora tenía registradas 11. El año pasado se habían multiplicado casi por seis y llegaron a las 62 condenas.

El Gobierno introdujo en julio algunos cambios en el Código Penal que afectan a estos delitos. La principal modificación es el aumento de las penas, resalta Sabina Sánchez, abogada del partido animalista PACMA. Hasta esa reforma, la pena máxima a la que una persona se enfrentaba era un año de prisión, como ocurrió con el caballista. Ahora, si el resultado del maltrato es la muerte del animal, la pena máxima sería de 18 meses de cárcel. "Sigue sin llegarse a los dos años", lamenta esta abogada. Si el condenado no tiene antecedentes, los jueces, en la mayoría de los casos, no ordenan el ingreso en prisión si la condena no supera ese par de años. Se suele sustituir por trabajos comunitarios.

Antonio Vercher, el fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, aplaude el endurecimiento del Código Penal para estos delitos, que en muchos casos suponen "atrocidades". Aplaude también el aumento de las condenas por maltrato de los últimos años. En el caso de Baleares, Vercher entiende que la juez expone de forma "clara" y "rotunda" las razones por las que ordena el ingreso en prisión. "Esta sentencia marca la diferencia", añade la abogada de PACMA.

Además de la pena de cárcel, Eugenio Sánchez ha quedado inhabilitado durante tres años para el ejercicio de cualquier profesión, oficio o comercio relacionado con animales. Al destaparse el caso de la muerte del equino —un cruce entre un semental trotón de EE UU y una yegua de Suecia—, la Federación Balear de Trote suspendió a Sánchez de manera cautelar para toda actividad relacionada con los caballos. Según su presidente, Joan Llabata, investigaron el caso "hasta que la Guardia Civil tomó la causa". "No se le ha visto más por los hipódromos desde el fin de año de 2012, el día de los hechos", añade.