El caso del 3% llega a la adjudicación de obras públicas del Gobierno de Mas

La investigación del supuesto pago de comisiones ilegales del 3% a Convergència dio este jueves un salto cualitativo con el registro de la sede de Infraestructures.cat, la mayor empresa pública licitadora de Cataluña. Su director general, Josep Antoni Rosell, fue detenido junto al tesorero del partido, Andreu Viloca, y siete empresarios que presuntamente camuflaron como donaciones a CDC lo que eran sobornos por la concesión de obras públicas. El juez ha examinado adjudicaciones de Ayuntamientos convergentes a firmas donantes a la fundación CatDem, ligada a CDC. Ahora pone el foco en obras que la Generalitat otorgó a constructoras catalanas durante los Gobiernos de Artur Mas (2010-2015).

La Guardia Civil irrumpió este jueves, por segunda vez en apenas dos meses, en la sede central de Convergència en Barcelona. Como hicieron el pasado 28 de agosto, los agentes registraron las oficinas por orden judicial en busca de documentos que acrediten el pago de comisiones por obras públicas. La tercera fase de la operación —bautizada por los guardias como Petrum III, pero más conocida como caso 3%— se saldó con la detención de 11 personas y una veintena de registros en edificios públicos y privados.

Viloca fue arrestado en su casa por la mañana y trasladado a la sede del partido. El tesorero de CDC lo es también de las dos fundaciones afines al partido (CatDem y Fundació Fòrum Barcelona), que recibieron más de 10 millones de euros de empresas adjudicatarias de obra pública. Los investigadores sospechan que ese dinero fue a parar, en realidad, a las arcas del partido nacionalista a cambio de favorecerlas en licitaciones de Ayuntamientos controlados por CDC y, según se sospecha también ahora, de la Generalitat presidida por Mas.

La tecla que ha llevado a los investigadores a esta nueva fase es el cotejo de las donaciones a las fundaciones con los expedientes de adjudicaciones públicas. La Guardia Civil ha comprobado que, en algunos casos, los importes donados por la empresa coinciden casi exactamente con el 3% del monto de la adjudicación. Lo mismo ocurre con las fechas: una determinada obra o servicio se adjudica poco después de que se reciba la donación. Las fundaciones hacían llegar las supuestas mordidas al partido pagándole por trabajos y servicios ficticios, según la tesis de los investigadores.

Las empresas registradas ayer figuran en ese listado de donantes y son, en su mayoría, constructoras catalanas: Copisa, Grupo Soler, Oproler, Rogasa, Tec4 y Urbaser. Esta última es filial de ACS. Por orden judicial, la Guardia Civil detuvo a algunos de sus directivos, entre ellos, a Xavier Tauler, quien hasta hace un año era consejero delegado de Copisa.

El caso de Copisa resulta singular. No solo es una adjudicataria habitual de la Generalitat y la segunda mayor donante a las fundaciones: otorgó más de un millón entre 2008 y 2013 y solo le supera Agbar. También se halla en el ojo del huracán por supuestos pagos sin justificar a Jordi Pujol Ferrusola, Júnior, hijo mayor del expresidente catalán Jordi Pujol.

Seis delitos

El propio Tauler está imputado por haber pagado hasta 3,6 millones de euros a Júnior en “comisiones y pagos ilegales”, según el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata. En su declaración como imputado, Tauler defendió que los pagos responden a la intermediación del primogénito de los Pujol en varias operaciones.

El registro en la sede de CDC se alargó hasta la noche. La Guardia Civil tenía previsto que los detenidos pasaran la noche en Tarragona antes de ponerlos a disposición del juez de El Vendrell que investiga el caso. La Fiscalía Anticorrupción atribuye al tesorero de Convergència al menos seis delitos: cohecho, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, tráfico de influencias, alteración de precios en concursos públicos y blanqueo de capitales.

Fuentes de la investigación indicaron que la Fiscalía prevé pedir para Viloca prisión incomunicada y sin fianza por el riesgo de que destruya pruebas. Los investigadores creen que tuvo un papel clave en la trama como intermediario en el cobro de las comisiones. El tesorero fue preguntado este jueves sobre la contabilidad y el cruce de facturas y servicios entre partido y fundación.

El número dos de Infraestructures.cat, la empresa pública de la Generalitat, fue la otra gran pieza que se cobró Petrum III. Josep Antoni Rosell ha hecho carrera en el Gobierno catalán bajo la égida del poderoso Germà Gordó, actual consejero de Justicia en funciones. Gordó lo fichó como alto cargo cuando él mismo era secretario general de Agricultura. Rosell pasó más tarde al sector privado, como director de la empresa que logró la adjudicación para construir el canal Segarra-Garrigues, uno de los mayores concursos públicos en Cataluña (1.000 millones). Con el primer Gobierno de Mas, Gordó pasó a ser secretario del Ejecutivo y repescó a Rosell para Infraestructures.cat

Los investigadores analizarán ahora los documentos incautados en la empresa pública y en las sedes de dos Ayuntamientos que también fueron registrados este jueves: los de Olot (Girona) y Sant Fruitós de Bages (Barcelona). En Olot, la Guardia Civil buscó un expediente sobre la concesión del servicio de recogida de basuras en 2011, con CiU en la alcaldía. En Sant Fruitós, la investigación se centra en la construcción de un centro cultural adjudicado en 2009, también por CiU.