El juez investiga la responsabilidad de los técnicos en el fiasco de Castor

El juez encargado de investigar el fiasco de Castor, el almacén de gas ubicado en una antigua plataforma petrolífera frente a las costas de Castellón, trata de delimitar la responsabilidad de los técnicos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) que analizaron el proyecto antes de que se paralizara hace dos años tras causar más de 500 microterremotos. Uno de estos miembros del IGME imputados ha negado este lunes ante el magistrado que conociera el riesgo sísmico.

Víctor Capilla, responsable del Juzgado de Instrucción 4 de Vinaròs, ha tomado declaración este lunes a Jesús Gómez de las Heras, exfuncionario del IGME, quien en 2007 coordinó y firmó un informe que validaba este almacén de gas subterráneo. Alrededor de tres horas ha durado la comparecencia de este técnico, ahora jubilado. Tras escuchar sus explicaciones, el juez ha mantenido su imputación, pero no ha dictado ninguna medida adicional, según el Tribunal Superior de Justicia de Valencia.

En este caso hay 18 imputados por presunta prevaricación medioambiental y delito contra el medio ambiente y los recursos naturales. Gómez de las Heras ha sido el primero de ellos en declarar ante el instructor. Tras paralizar el proyecto por los microsismos que se desencadenaron en la fase de inyección del gas, el Gobierno indemnizó a la empresa Escal-UGS (controlada en un 66,7% por ACS) con 1.350 millones al rescindirle la adjudicación de este silo a finales de 2014.

De las Heras fue el coordinador y firmante de un informe, fechado el 23 de enero de 2007, en el que se consideraba el emplazamiento apto. Según fuentes judiciales, la fiscalía y las acusaciones particulares han preguntado al imputado la razón por la que no contempló el riesgo sísmico en su estudio. Y, según las mismas fuentes, el acusado ha argumentado que "no se le había preguntado sobre este extremo". Este alto cargo del IGME emitió el informe a petición del Ministerio de Industria, entonces en manos del PSOE.

Riesgos sísmicos

Pero la fiscalía —que ha denunciado a este exfuncionario y a 17 personas más— sostiene en su escrito de acusación que el encargo realizado a Gómez de las Heras estaba abierto a "cualquier aspecto técnico" que se considerara de interés. El IGME, según la fiscalía, "bien hubiera podido solicitar [a la empresa encargada del proyecto] un estudio de peligrosidad sísmica o cuanto menos descartar la necesidad de que aspectos tan importantes fueran contemplados, analizados y valorados".

Al imputado también se le ha interrogado sobre los informes del Observatorio del Ebro, un organismo que alertó de los riesgos sísmicos de la zona en varias ocasiones, la primera en 2005. Gómez de las Heras ha asegurado que no conocía esas advertencias, según fuentes presentes en la comparecencia. El juez tomará declaración esta semana a otros dos miembros del IGME que también participaron en la elaboración del informe que dio luz verde al almacén fallido.

Además, en esta causa están imputados dos ex directores generales del Ministerio de Industria y a otros tres cargos del Ministerio de Medio Ambiente; todos ellos ocupaban estos puestos durante el anterior Gobierno socialista. Según el juez, todos participaron en la tramitación y aprobación del proyecto por lo que les achaca presuntos delitos de prevaricación medioambiental. También ve posibles responsabilidades en Escal-UGS, por lo que ha imputado a todo el consejo de administración y al representante legal de esta mercantil. En total, se trata de otras nueve personas, a las que se acusa de delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales.