Un diputado del PP renuncia al escaño para no tener que publicar sus bienes
Las empresas de Cabrera Orellana facturan 6,2 millones. La dimisión se produce tras la exigencia a los parlamentarios de Madrid de declarar sus bienes en la web oficial.
El plan para hacer más transparente la Asamblea de Madrid se cobró ayer su primera víctima: el diputado popular José Cabrera Orellana. Tras 16 años como parlamentario de Madrid, Cabrera anunció a sus colegas que dejaba su acta de parlamentario. Lo hizo coincidiendo con la expiración del plazo dado a todos los diputados (el 15 de octubre) para que presentasen una declaración escrita describiendo todo el patrimonio que poseen. Cabrera renuncia al acta para, según contó ayer a numerosos colegas, no tener que exhibir sus bienes en la web oficial de la Asamblea, a lo que están obligados todos los parlamentarios sin distinción de grupo político. Cabrera ha justificado su renuncia en que no quiere poner en riesgo el vasto patrimonio que ha atesorado para él y sus hijos desde que arribó hace muchos años a Madrid procedente de su Extremadura natal “con una mano delante y otra detrás”, confesó.
Cabrera ha reconocido ser dueño de seis empresas, por las que factura al año al menos 6,2 millones. Y a estos millones hay que sumar los dividendos que ha obtenido recientemente tras la venta de una de las empresas de su familia a una firma extranjera. Cabrera, aparte de diputado, ha sido consejero de Bankia y de RTVE.
Este diputado madrileño encadena escaños en la Asamblea de Madrid desde 1999. El registro mercantil recoge solo tres sociedades a su nombre. Se trata de la gestora de baterías usadas Reciplomo, la productora de aceite de oliva Vega Carabaña y la inmobiliaria Under Construcciones y Obras. Sus sociedades suman unas ventas anuales de 6,2 millones de euros.
El político figura en estas empresas junto a sus dos hijos y su esposa. Esta última aparece además como administradora de las mercantiles Ecovega Máster y Mercabatería, cuyas ventas superaron entre 2011 y 2013 los ocho millones de euros. Las sociedades de Cabrera Orellana comparten domicilio social con las firmas de su mujer. En el currículum que presentó a la Asamblea de Madrid, Cabrera figura como Técnico en Desarrollo Comercial y especialista en Mercado Internacional del Sector de Automoción.
No se marcha del todo de la política. También anunció ayer que seguirá como presidente del PP del distrito de San Blas y es previsible que la presidenta Cristina Cifuentes le ofrezca un cargo en alguna empresa semipública. Su decisión de abandonar el acta de diputado no ha sido una sorpresa. La semana pasada lo contó a numerosos colegas y también se lo confesó a Ángel Garrido, número dos de la presidenta Cifuentes. Cabrera será relevado por José Luis Fernández Quejo, exalcalde de San Lorenzo de El Escorial.
Cabrera ha explicado a este periódico que lleva 47 años cotizando y que deja el acta porque quiere dedicarse a su actividad empresarial, y desvincula su decisión del hecho de que hoy era el último día para presentar la declaración patrimonial en la Asamblea. "No tiene nada que ver; en algún momento tenía que dejar la política y dedicarle más tiempo a mis empresas, que personalmente tenía abandonadas", señala. También asegura que siempre ha desligado su vida pública de la empresarial para que no hubiera interferencias, y que por eso ahora, "que tengo 61 años", explica, ha llegado el momento de dejar la Asamblea de Madrid.
Los 129 diputados del parlamento regional están obligados a divulgar desde esta legislatura su declaración de bienes, rentas y actividades. Es la primera vez que se hace en Madrid. Fue precisamente el PP, y en concreto Cifuentes, la artífice de esta iniciativa de transparencia, que sigue un método similar al que mantienen los diputados del Congreso nacional.
Hace unos dos meses, todos los diputados del PP madrileño tuvieron que presentarse ante notario y describir sus bienes en un sobre que quedó cerrado, que la Asamblea guarda y que solo pueden ser abiertos por orden judicial. Antes de esta medida, los diputados estaban obligados a ir al notario y describir sus bienes, pero estos no se hacían públicos en la web. El del exconsejero e implicado en la trama Púnica Francisco Granados es el único caso de sobre notarial abierto por orden judicial; en este caso, por decisión del juez de la Audiencia Nacional e instructor de la Púnica Eloy Velasco.
Lo que tenían que hacer ayer los diputados madrileños es entregar una declaración escrita con sus bienes para que estos consten, aparte de en el sobre notarial cerrado, en la web oficial. Los diputados están obligados a hacer constar en esta última declaración escrita (en la casilla de observaciones) si han transmitido o adquirido algún bien inmueble desde que fueron al notario hace dos meses. Es decir, si hay alguna diferencia entre lo dicho al notario y que consta en el sobre cerrado y lo anotado ahora en la declaración para que figure en la web. Si, por ejemplo, en estos dos meses han vendido algún inmueble, tienen obligación de reflejarlo en las observaciones. Sin embargo, están exentos de decir sí han transmitido acciones de empresas, “que es lo más probable que haya podido ocurrir en algunos casos”, señalan fuentes de la oposición, que se muestran desconcertadas porque el grupo Podemos haya aceptado a última hora la propuesta del PP para que los parlamentarios no tengan que declarar las transmisiones accionariales que hayan podido realizar en las últimas semanas.
Un portavoz de Podemos asegura que su grupo no aceptó excluir la declaración de las acciones ya que en la reunión en la que se abordó este asunto se dejó constancia que todos los diputados debían publicitar todo su patrimonio.
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