El fiscal pide seis años de cárcel para dos acusados de un suicidio asistido

El Ministerio público solicita también prisión para un hombre que pidió ayuda para ayudar a morir a su hermana

La Fiscalía de Asturias pide seis años y cinco meses de prisión para cada uno de los dos acusados de ayudar a suicidarse a una mujer en Avilés en mayo de 2012 y de intentarlo con un hombre residente en Cádiz dos meses después. El fiscal le atribuye también un delito contra la salud pública. Además, solicita un año y cinco meses de cárcel para el hermano de un enfermo terminal de Cádiz que contactó con ellos para que le ayudaran a morir.

El Código Penal contempla penas de dos a cinco años de cárcel para quien “coopere con actos necesarios al suicidio de una persona”. La pena se eleva de seis a diez años si la cooperación llegara hasta el punto de ejecutar la muerte. Este es, según la Fiscalía de Asturias, el caso de los dos miembros de la asociación Encasa Cuidados Paliativos que se sentarán en el banquillo por ayudar a suicidarse a una mujer en Avilés e intentarlo con un hombre dos meses después. El fiscal les atribuye también un delito contra la salud pública.

Según el escrito de conclusiones de la fiscalía publicado por Efe, en marzo de 2012, una mujer contactó con una persona que colaboraba con la asociación Derecho a una Muerte Digna en Cataluña porque quería quitarse la vida, cosa que ya había intentando en otras ocasiones. El voluntario, ya fallecido, contactó con un médico miembro de esta asociación en Madrid y fundador de Encasa Cuidados Paliativos, y que, con ayuda de otra colaboradora de esta asociación, conseguía Pentobarbital Sódico (anestésico inyectable para intervenciones quirúrgicas en perros y gatos) por Internet en México y luego lo distribuían, “a sabiendas del destino que se les daba y con conocimiento del resultado que se produciría”, según el fiscal.

El voluntario se citó con la mujer que le había pedido ayuda y concretaron una cita en Valladolid, donde le entregó Pentobarbital Sódico a cambio de 6.000 euros. Luego se dirigieron a Avilés, donde ella decidió alojarse en un hotel para dejar una nota de suicidio e ingerir el medicamento combinado con un zumo, lo que le causó la muerte.

El segundo caso por el que están acusados se inició el 4 de julio de 2012, cuando un hombre contactó con el médico para que ayudara a morir a su hermano. Le ofreció enviarle ese mismo día los fármacos necesarios para una sedación paliativa profunda, pero el paquete fue interceptado. En el registro de la asociación se encontraron diversos medicamentos cuya custodia, conservación y dispensa debe hacerse por ley en farmacias, hospitales y centros de salud. “Cosa que no se hacía en el presente caso, donde el uso y entrega de estos medicamentos de forma ilícita o clandestina”, afirma el fiscal.

Encasa Cuidados Paliativos declinó ayer valorar las conclusiones de la fiscalía en este caso, pero fuentes de esta asociación señalaron que sabían que la causa se estaba instruyendo en un juzgado de Avilés, pero desconocían hasta ahora la elevada petición de pena del fiscal. Estas fuentes advirtieron de que hay muy pocos precedentes en España de imputaciones similares que hayan llegado a la fase de juicio oral.

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Sobre la firma

Reyes Rincón

Redactora que cubre la información del Tribunal Supremo, el CGPJ y otras áreas de la justicia. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS, donde ha sido redactora de información local en Sevilla, corresponsal en Granada y se ha ocupado de diversas carteras sociales. Es licenciada en Periodismo y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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