Europa y el dinero de los catalanes: la tormenta perfecta

La reciente declaración del portavoz jefe de la Comisión Europea, según la cual "si una parte de un Estado miembro deja de formar parte de ese Estado, los Tratados dejarían de aplicarse en ese territorio" debería dejar zanjada una cuestión que el movimiento secesionista catalán se resiste a aceptar: la independencia de Cataluña lleva aparejada la salida de la Unión Europea y sus instituciones. Y una vez fuera de la Unión, a Cataluña le será difícil volver a entrar.

Para optar a la entrada (para ponerse en la cola, en palabras de David Cameron) el país candidato no solo debe ser un Estado europeo, sino que además debe conocer y compartir los valores esenciales de la democracia y el Estado de derecho en los que la Unión Europea está basada, y debe comprometerse a promoverlos en el seno de su jurisdicción política y en la de cualquier otro Estado miembro. El artículo 4.2 del Tratado de la Unión Europea (TUE) establece que la Unión (y por tanto todos los Estados miembros) "respetará las funciones esenciales del Estado, especialmente las que tienen por objeto garantizar la integridad territorial, mantener el orden público y salvaguardar la integridad nacional". El reciente pronunciamiento de Angela Merkel se basa precisamente en este artículo. Y el artículo 4.3 del TUE resalta la importancia del principio de "cooperación leal", según el cual "la Unión y los Estados miembros se respetarán y asistirán mutuamente en el cumplimiento de las misiones derivadas de los Tratados".

A la nueva Cataluña, nacida de un acto profundamente antidemocrático como es la masiva violación del marco legal de un Estado miembro, le será imposible convencer a la Unión Europea de que comparte el principio de "cooperación leal", y no podrá justificar el activo y decisivo papel que desempeñó para que España no pudiera garantizar su "integridad territorial". Su origen vendrá viciado de forma irremisible por un antagonismo frontal a valores sobre los que el proyecto europeo se asienta y esta circunstancia manchará por muchos años su imagen internacional.

Nada dura una eternidad, pero el período durante el cual Cataluña quedará así estigmatizada y fuera de las instituciones de la Unión Europea será largo. Demasiado largo para no tener efectos económicos importantes. El más obvio, derivado directamente de la no aplicación de los Tratados europeos a Cataluña, es la desaparición de las subvenciones. Los agricultores catalanes deben tomar buena nota de ello.

Otro es la reducción del comercio entre Cataluña y el resto de España. No es fácil estimar con precisión la magnitud de esta reducción, pero nadie duda de su existencia. Si a Cataluña le fuera aplicado el Arancel Aduanero Común vigente para terceros países, las exportaciones catalanas a España y a los demás países de la Unión Europea se verían significativamente dificultadas. Y aun en el caso de que Cataluña pudiera acordar un tratamiento comercial preferencial que la librase de barreras arancelarias, el "efecto frontera" creado (entre Estados miembros se comercia menos que dentro de un Estado miembro) perjudicaría de lleno a las empresas situadas en Cataluña, máxime cuando en la actualidad España es su primer cliente. Solo considerando el "efecto frontera", estamos hablando de una caída del PIB catalán que, según los supuestos utilizados, podría oscilar entre el 2% y el 9%.

Pero las mayores dificultades aparecerían en el ámbito financiero y en la utilización del euro. La salida de la Unión Europea implica la salida del Eurosistema. Es verdad que aun sin mediar acuerdo con el Eurosistema, la utilización del euro podría seguir siendo posible. Ahora bien, Cataluña no podría participar en la gestión de la política monetaria común ni en los mecanismos de liquidez ofrecidos por el Banco Central Europeo (BCE). El Gobierno catalán vería notablemente encarecida la financiación de su deuda, que a 30 de junio se situaba en 66.813 millones de euros, un 32,8% de su PIB, porque sus títulos no constituirían una garantía aceptable para el BCE; y los bancos comerciales catalanes no podrían acudir al BCE en busca de liquidez porque, además de la deuda pública catalana, los activos comerciales generados en Cataluña también dejarían de ser garantías aceptables. La financiación global de los bancos con sedes o filiales en Cataluña sería más cara cuanto mayor fuera el volumen de su negocio en Cataluña y, como consecuencia, el crédito a las empresas y familias catalanas sería también más caro. La autoridad financiera de la Cataluña independiente, sin posibilidad de control de la oferta monetaria y sin capacidad para imprimir su propia moneda, no podría actuar como prestamista de última instancia de los bancos comerciales, o solo hacerlo de forma muy limitada. Lo esperable sería que CaixaBank y Banco Sabadell mudaran sus sedes a un territorio de la eurozona. Pero no solo eso, el peso del sector financiero catalán en su conjunto disminuiría de forma sustancial.

Moneda propia

Dada la dimensión económica de Cataluña, una situación tan precaria como la anterior sería transitoria y el Gobierno catalán no tendría más remedio que crear su propia moneda. Sin embargo, lo que ganaría en control de la oferta monetaria y mejor adecuación de su paridad a las condiciones económicas catalanas, lo perdería en el difícil proceso de transición de una economía basada en el euro a otra basada en la nueva moneda. Las promesas de paridad respecto al euro del nuevo Gobierno serían increíbles y no evitarían una significativa huida de capitales, a la que necesariamente el Gobierno habría de oponerse prohibiendo o dificultando a los ciudadanos la disposición de su dinero. Los ahorros de los catalanes, sus pisos y sus empresas pasarían de repente a valer mucho menos, y el Gobierno catalán quedaría con su activo fundamental (su capacidad tributaria) denominado en la nueva, devaluada moneda y su principal pasivo (su deuda) denominada en euros. Una situación inestable, perjudicial para la actividad económica e injusta con los ciudadanos. La tormenta perfecta.

La Unión Europea no es solo una comunidad de intereses económicos. Es también una organización de Estados eminentemente política, basada en la democracia y el respeto del Estado de derecho. Ir en contra de estos principios es ir en contra de la Unión y de cada uno de los Estados que la componen. Los secesionistas catalanes no pueden esperar comprensión del Gobierno español ni de Europa. Y sin esta comprensión, lo que de por sí es un proyecto cuyos costes sociales superan con mucho a los beneficios, se convierte en un desafío imposible que no puede llevar más que a la frustración de mucha gente. Si existen problemas reales en el encaje de Cataluña en España, debe haber formas de resolverlos que no causen daño a los españoles y a los catalanes de forma tan gratuita, ni nos enfrenten a Europa de forma tan incomprensible y ridícula. El 27-S los electores catalanes tenemos una oportunidad para cambiar el rumbo de la deriva secesionista y no podemos desaprovecharla.