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Bruselas investiga las ayudas al aeropuerto de Castellón

La UE analiza la concesión que realizó el Gobierno de Alberto Fabra a SNC-Lavalin

Vista de uno de los accesos al aeropuerto de Castellón.
Vista de uno de los accesos al aeropuerto de Castellón.

El aeropuerto sin aviones de Castellón, que llegó a convertirse en la imagen del despilfarro español, sigue bajo sospecha a pocos días de que se inicien los primeros vuelos comerciales. La Comisión Europea ha abierto una investigación para determinar si el canon que acordó pagar el Gobierno valenciano del popular Alberto Fabra al grupo canadiense SNC-Lavalin por gestionar el aeropuerto cumple con las normas comunitarias o enmascara, por el contrario, una ayuda ilegal.

El anterior Gobierno valenciano (PP) adjudicó en mayo de 2014 la explotación del aeropuerto de Castellón a la firma SNC-Lavalin. El grupo canadiense asumió el reto de llevar aviones a las instalaciones de Vilanova d’Alcolea a cambio de recibir del Gobierno valenciano 24,5 millones de euros durante los primeros nueve años de vigencia y gestionar el aeropuerto hasta noviembre de 2033. A cambio, Lavalin quedó exenta de pagar ningún canon por la explotación del aeropuerto hasta que no se superase una cifra de tráfico de 1,2 millones de pasajeros al año. Un umbral que el grupo canadiense, que invertirá siete millones de euros en el mantenimiento de las instalaciones durante los 20 años de concesión, no prevé alcanzar hasta el año 2029.

La Unión Europea quiere conocer también si la Generalitat, la Diputación de Castellón o la empresa pública Aerocas han colaborado con la concesionaria del aeropuerto para otorgar alguna ventaja económica a Ryanair, la compañía low cost que empezará a operar el próximo 15 de septiembre desde Castellón con vuelos a Londres y a Bristol. La Comisión quiere aclarar si el contrato firmado entre Lavalin y Ryanair incluye alguna ventaja económica que pueda estar distorsionando el mercado.

La Comisión evitó ayer pronunciarse en relación con el expediente abierto sobre el aeropuerto de Castellón. Una investigación que se ha visto ralentizada por el cambio de Gobierno en la Comunidad Valenciana.

Sin embargo, fuentes de la Generalitat reconocieron que Bruselas ha abierto una investigación. “Estamos revisando toda la documentación y no valoraremos la situación hasta disponer de toda la información”, admitieron. Otra fuente del Gobierno de coalición (Socialistas y Compromís) explicó que los consejeros de Aerocas, la empresa de la Generalitat, nombrados por el PP dimitieron en bloque el 29 de junio pasado y nadie advirtió a los nuevos gestores que la UE estaba investigando el contrato.

El aeropuerto, en el que se han invertido 170 millones, fue inaugurado sin aviones en marzo de 2011 por el expresidente valenciano Francisco Camps y el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra, hoy en prisión por delito fiscal.

La polémica instalación aeroportuaria empezó a ver la luz al final del túnel en mayo del año pasado cuando el Gobierno de Alberto Fabra decidió contratar con el grupo canadiense para poner en marcha la instalación y mejorar la deteriorada imagen deteriorada.

El grupo canadiense, que tiene una notable presencia en Francia, gestiona un total de 15 aeropuertos y pretende que el de Castellón tenga un uso preferentemente turístico con vuelos charter y de bajo coste.

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