Cuatro meses de espera para poder pedir asilo en España

La crisis europea de los refugiados supone, según las palabras del propio Rajoy, "uno de los mayores retos" para España. Pero el país afronta este desafío con un "saturado" sistema de acogida, según denuncia el Defensor del Pueblo en su último informe. Además, los retrasos se acumulan en las Oficinas de Asilo y Refugio, donde los solicitantes de protección internacional reciben cita para cursar su petición para dentro de cuatro meses.

En la sala de espera del número 40 de la calle de Pradillo, en el madrileño distrito de Chamartín, los idiomas se suceden. El español deja paso al árabe y al ruso, mientras un chiquillo juguetea en un banco junto a su madre, que se cubre la cabeza con un hiyab. Esta Oficina de Asilo y Refugio (OAR), dependiente del Ministerio del Interior, ejerce en la capital como epicentro de gestión de las peticiones de protección internacional. Madrid, con más de 1.800 solicitudes en 2014, es la provincia con más demanda. Pero aquí acumulan meses de retraso, según denuncian las ONG y revela el Defensor del Pueblo en una queja tramitada este mismo verano.

El organismo encabezado por Soledad Becerril abrió en julio un expediente tras constatar que un potencial refugiado había acudido a principios de mayo a la OAR para pedir asilo, pero no le habían concedido la primera cita para empezar a tramitar la documentación hasta casi cinco meses después —a finales de septiembre—. En ese tiempo intermedio, precisamente, la policía lo detuvo y le abrió un expediente de expulsión del país "al carecer de cualquier documento que le identificase como solicitante de asilo porque aún no había presentado la petición".

La abogada del refugiado, según continúa la resolución del Defensor del Pueblo, acudió entonces a la institución "ante la existencia de demoras generalizadas" en estas oficinas. "Lo que genera una situación de vulnerabilidad frente a actuaciones policiales, como ha ocurrido en el presente caso y puede continuar ocurriendo en otros", sentenció de inmediato el departamento liderado por Becerril, que ha remitido a la Dirección General de Política Interior un escrito para saber si se pretende reforzar con más personal estas dependencias de atención a los refugiados. "La información solicitada está aún pendiente de respuesta", recalcó.

"El retraso a la hora de conceder la cita impide que se ponga en marcha el proceso de acogida. Y, por tanto, estas personas no pueden ser asistidas. No tienen, entre otras cosas, un sitio donde dormir", relata un letrado especializado en la asistencia a los solicitantes de asilo, que añade que esta misma semana la OAR de Madrid estaba dando cita para enero. También, apostilla el abogado, estos retrasos se reproducen en otras ciudades del país, como Málaga y Valencia. Por su parte, preguntado al respecto, Interior se remite a unas declaraciones del ministro en las que aseguró que “se harán todos los esfuerzos necesarios” para agilizar estos procedimientos.

Varios colectivos —como Acnur, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y Amnistía Internacional—, llevan meses denunciando la falta de recursos dispuestos por el Estado para afrontar el aumento de las solicitudes de protección internacional. En ese sentido ya apuntaba también el último informe anual del Defensor del Pueblo, que denunciaba los “problemas” surgidos en el sistema de acogida después de que las peticiones de asilo se dispararan: el pasado año se registraron cerca de 6.000, frente a las 4.502 de 2013 y las 2.588 de 2012. Para este año, según ha afirmado el ministro de Interior, se espera tramitar más de 17.000.

Sin plazas de acogida

El retraso en la concesión de la primera cita en las OAR es tan solo uno de los problemas del actual sistema de protección. A este se suman otras deficiencias. Según los cálculos de las ONG, cerca de 300 solicitantes de asilo se han quedado sin plaza en centros de acogida. Además, ante la falta de recursos, en muchos casos "no se pueden suplir las necesidades básicas de los refugiados”, afirma Acnur. Y la resolución de los expedientes de asilo, con un plazo previsto de seis meses, se retrasan por parte del Estado hasta tres años, como denuncia el Colegio de la Abogacía de Barcelona.

“Las actuaciones seguidas para conocer las causas de tales demoras pusieron de manifiesto que, en algunos supuestos, las solicitudes presentadas por personas de determinadas nacionalidades son paralizadas a la espera de que mejore la situación del país”, recalca el Defensor del Pueblo, que ha constatado que se ha actuado así con demandantes de Costa de Marfil y Malí.