Sanidad quiere exigir a los sin papeles seis meses de padrón para atenderles

El “registro” de inmigrantes en situación irregular que anunció el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, como requisito para darles atención no será accesible para Extranjería, aseguró este miércoles su número dos, Rubén Moreno. La propuesta del Gobierno rebaja de un año a seis meses el tiempo de empadronamiento para acceder a la sanidad. La mayoría de comunidades la rechazan.

El Gobierno ha dado 15 días a las comunidades para que valoren su propuesta, que les presentó en una reunión de carácter técnico sin la presencia de los consejeros autonómicos. Sin embargo, la mayoría ya tienen una opinión formada. El propio Moreno, que presidía la reunión, admitió al acabar el encuentro que “de entrada” los Ejecutivos socialistas se habían negado y que insisten en pedir la derogación de la norma aprobada en 2012 por la anterior ministra, Ana Mato.

El Gobierno es consciente de que prácticamente todas las comunidades desobedecieron el real decreto ley 16/2012 que dejaba fuera de la asistencia normalizada a los sin papeles —excepto urgencias, menores y embarazadas—, incluso algunas gobernadas por el PP. Sabe también que será difícil armonizar las distintas normativas que se han ido aprobando, cada una con requisitos y coberturas diferentes. Pese a ello insiste en ofrecer unos criterios homogéneos, como el copago farmacéutico del 40% o entregar un documento con validez para un año que se tenga que ir renovando y que solo se pueda utilizar en la comunidad de residencia.

Sanidad ha introducido una novedad en su propuesta original: reducir de un año a seis meses el tiempo de empadronamiento que tienen que acreditar los sin papeles —comunidades como Valencia solo exigen tres—. También quiso aclarar a qué se refería el ministro, Alfonso Alonso, cuando habló de crear un “registro” específico para los inmigrantes que quisieran tener acceso a la sanidad. “No es propiamente un registro”, explicó Moreno, sino la misma base de datos nacional en la que figuran todos los ciudadanos que son atendidos por la sanidad pública. “No hay que comunicar nada a Extranjería”, que no puede acceder a esa información “ni pretende hacerlo”, señaló.

Moreno también aprovechó la rueda de prensa posterior al encuentro para matizar sus declaraciones en el Congreso de hace 15 días. Aseguró que nunca amenazó a las comunidades que estaban devolviendo la asistencia sanitaria a los inmigrantes y reconoció que no le consta que alguna de ellas esté dando a los sin papeles el derecho a asistencia fuera de España que podría considerar ilegal la Unión Europea.

También negó que su departamento esté valorando llevar al Tribunal Constitucional a las autonomías rebeldes por invadir sus competencias. Aseguró que si lo hacen como asistencia “social y sanitaria”, está dentro de sus competencias, por lo que ni siquiera podría obligarlas a aplicar su propuesta.

Con estos requisitos Sanidad pretende, explicó Moreno, evitar el turismo sanitario, es decir, impedir que un ciudadano europeo residente en España pueda reclamar una tarjeta sanitaria española, que le daría derecho a una tarjeta sanitaria europea con la que podría ser atendido en su país de origen con cargo a la sanidad pública española. Se trata, señaló, de "evitar que quienes tengan recursos puedan aprovecharse de este programa que pagamos entre todos".

“No vamos a aceptar recortes ni mercadeos en un derecho humano básico como es recibir una atención sanitaria integral”, aseguró la consejera valenciana, Carmen Montón. “No queremos parches”, añadió la titular de sanidad de Baleares, Patricia Gómez, que informó de que en su comunidad se han entregado desde el 20 de julio 750 documentos acreditativos para el acceso a la sanidad de inmigrantes sin papeles.

El Gobierno vasco (PNV) calificó de “medida discriminatoria e innecesaria” la propuesta de Sanidad. El de Navarra (coalición liderada por Geroa Bai) adelantó que seguirá aplicando su normativa, “menos restrictiva”, y aseguró que la del Gobierno es “un parche electoralista”. “Nuestra comunidad ya ha resuelto en su territorio el grave problema creado por el Gobierno de Mariano Rajoy en la asistencia sanitaria”, afirmó la consejera cántabra (PRC-PSOE), María Luisa Real.