Cada comunidad da una cobertura diferente a los inmigrantes

Desde que en 2012 el Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó la exclusión sanitaria, muchas comunidades han ido aprobando diferentes normativas, decretos o instrucciones para dar alguna atención a sus residentes que se habían quedado sin tarjeta sanitaria. En algunos casos se piden tres meses de empadronamiento; en otras seis. Las hay que exigen no superar un máximo de ingresos. En otras el solicitante tiene que reunirse con los servicios sociales para que estos analicen su petición concreta. En algunos casos las dificultades burocráticas han hecho que pocas personas se beneficien de estos programas especiales. En Galicia, por ejemplo, apenas 1.470 personas consiguieron cobertura a través del Programa de protección social de la salud pública en año y medio.

Las coberturas también son diferentes. En algunas se incluyen las recetas de medicamentos; en otras no. Hay comunidades que, pese a aplicar a rajatabla el real decreto 16/2012, pusieron sus propias excepciones, como enfermedades crónicas, mentales o de riesgo para la salud pública. Las sociedades médicas reclaman equidad entre territorios.

Aval del Constitucional

El Ministerio de Sanidad trató de matizar ayer las declaraciones de su número dos, Rubén Moreno, tanto sobre la posibilidad de llevar al Constitucional las normativas autonómicas sobre atención a inmigrantes como sobre las “multas millonarias” que podría imponer la Comisión Europea a España. Moreno aseguró en el Congreso que ha encargado informes a la Abogacía del Estado. Una portavoz de su departamento reconoció ayer que pedir informes a la Abogacía del Estado cada vez que aparece una nueva normativa autonómica es “lo habitual” y que de momento no hay indicios de inconstitucionalidad. “Es lo que se va a estudiar”, añadió.

El Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado dos veces sobre el derecho de las comunidades a dar asistencia sanitaria a sus residentes. El Ejecutivo de Rajoy recurrió la Ley Navarra de asistencia Sanitaria Gratuita y un decreto del País Vasco que estas comunidades aprobaron después de que el Gobierno restringiera la atención a inmigrantes en 2012. En los dos casos el Constitucional avaló que dieran asistencia universal. El alto tribunal considera que el derecho a la salud, que consagra la Constitución, debe prevalecer sobre el beneficio económico vinculado al ahorro que la discriminación en la atención sanitaria supone.

La otra cuestión polémica que planteó Moreno es la posibilidad de que la Comisión Europea imponga “multas millonarias” a España. Podría tener “consecuencias catastróficas”, aseguró. El secretario general mencionó que la Comisión ya estuvo a punto de multar a España por este mismo motivo.

Turismo sanitario

Moreno se refiere a un dictamen motivado —el primer paso en un procedimiento de infracción comunitario, una especie de apercibimiento— de 2011 en el que la Comisión emplazaba a España a dejar de denegar la tarjeta sanitaria europea a ciudadanos de la UE residentes en España, algo que entonces hacían tanto Andalucía como Valencia.

El procedimiento no siguió adelante. El año siguiente, el Gobierno cambió la ley con el real decreto 16/2012 que asoció la cobertura sanitaria al aseguramiento en la Seguridad Social. Esto dejó fuera a los ciudadanos de la UE que usaban gratis la sanidad española —el llamado turismo sanitario—, pero también retiró la asistencia a inmigrantes en situación irregular. Moreno argumenta que si ahora se da tarjeta a estos últimos, los comunitarios también podrían exigirla por “sentirse discriminados”.

Sin embargo, ninguna de las comunidades que ha devuelto la asistencia está entregando tarjetas sanitarias. “No se les asegura, solo se les da acceso al sistema”, explican en Aragón. Se les entrega un documento que acredita que llevan unos meses empadronados y tienen que justificar que no hay un tercero obligado a pago (seguros, convenios internacionales, ciudadanía de la UE). Estas autorizaciones solo tienen validez en la región que las expide.