12 comunidades dan al ministro una fórmula “legal” para frenar la LOMCE

Las 12 comunidades contrarias a la reforma educativa presentarán este jueves al ministro fórmulas para intentar paralizar la ley orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) “con todas las garantías jurídicas necesarias y preservando siempre el interés del alumnado”. Horas antes de la conferencia sectorial- en la que se reúne el ministro de Educación con todos los consejeros del ramo- representantes de las autonomías no gobernadas por el PP se han reunido en Madrid.

“Suponemos que el ministro ya sabe que en estos momentos y a pocas semanas de comenzar un nuevo curso escolar, no podemos perder el tiempo, nuestras comunidades educativas no nos lo perdonarían. Estamos obligados a garantizar el derecho a la educación y estamos dispuestos a cumplir con nuestra obligación”, ha leído en nombre de las autonomías la consejera de Andalucía, Adelaida de la Calle (PSOE).

El acuerdo ha contado con el respaldo de las 12 comunidades en las que no gobierna el PP. De la Calle ha recordado que, tras las elecciones autonómicas de mayo, “hoy somos muchas más las comunidades que compartimos el rechazo a la LOMCE”. Son las siete comunidades gobernadas por el PSOE: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura y Comunidad Valenciana (junto a Compromís) más las de Canarias (CC-PSOE), Cantabria (PRC-PSOE), Cataluña (CDC), Navarra (Geroa Bai) y País Vasco (PNV). Tras el encuentro, solo los consejeros del PSOE han comparecido ante los periodistas para hacerse una foto de grupo por el acuerdo.

El calendario de aplicación de la LOMCE, que este curso se amplía a los cursos impares de secundaria y bachillerato y se generaliza en primaria, está incluido en el articulado de la ley. “Se hizo consciente y deliberadamente para evitar lo que finalmente ha terminado pasando: nadie quiere asumir como propia una ley que fue hecha sin la más mínima voluntad de diálogo y que fue aprobada sin consenso”, ha señalado De la Calle. Las regiones contrarias a la reforma educativa consideran que la disposición que incluye ese calendario en la ley puede ser derogada.