El Gobierno de Baleares vota una moratoria para grandes superficies

El Gobierno de Baleares —formado por el pacto entre el Partido Socialista (PSOE), Podemos y los econacionalistas de MES— ha refrendado este lunes, por la vía de urgencia, en el Parlamento regional una moratoria de licencias para grandes superficies comerciales, con la abstención del Partido Popular (PP). Esta es la primera iniciativa del nuevo Gobierno PSOE-Més, que se ha materializado en el decreto ley de medidas urgentes en materia de grandes establecimientos comerciales, que evitará —durante seis meses— el otorgamiento de nuevas licencias de apertura para locales de hasta 750 metros.

El Gobierno central recurrió ante el Tribunal Constitucional la ley de comercio de Baleares de 2014, impulsada por el PP, por considerar que sobrepasó su ámbito de competencias y contraviene la ley estatal. El Estado logró, el pasado 18 de julio, la suspensión de los artículos más restrictivos de la norma autonómica, que nació con un amplio consenso.

En un debate parlamentario monográfico, con reproches al Gobierno central, el grupo del PP se ha abstenido y su portavoz, José Vicente Marí, ha considerado un "grave error por parte del Ejecutivo central" la decisión de recurrir ante el Constitucional. El Partido Popular ha criticado, además, la política del nuevo Ejecutivo balear, liderado por la socialista Francina Armengol, y ha dudado de la legalidad de una parte de la moratoria.

La norma pretende, sobre todo, paralizar la apertura de grandes locales en las islas de Menorca, Formentera e Ibiza

El nuevo Gobierno autonómico del PSOE-Més, con el apoyo de Podemos, define esta moratoria comercial para intentar esquivar, durante seis meses, los efectos de la suspensión la vigencia de la ley estatal. El bloqueo pretende frenar la posibilidad de que logren licencia establecimientos de hasta 750 metros en cualquier municipio, en especial en las islas menores: Menorca, Formentera e Ibiza.

Podemos ha salido en defensa del pequeño comercio y su portavoz, Laura Camargo, ha atacado la desregulación del PP y la "crisis-estafa". David Abril, de Més, responsabilizó al anterior Gobierno balear por "sus prisas" en autorizar grandes centros, que afectaron al "tejido del pequeño comercio". Desde las minorías, en apoyo de la moratoria, Pep Melià, de El Pi, refutó "el proceso de recentralización y laminación del Estado" y Xavier Pericay, de Ciudadanos, celebró "el acuerdo general" propiciado por la nueva mayoría.

El consejero de Trabajo, Iago Negueruela (PSOE), afirmó que el recurso del Gobierno de Rajoy es una decisión "arbitraria y política", que representa una "agresión injustificada" porque abre la posibilidad de que con nuevas grandes superficies se "atente contra los intereses" comunes y del actual "equilibrio territorial y comercial islas". El nuevo decreto ley pretende, según Negueruela, adecuar la normativa balear a la legislación estatal y dará mayor seguridad jurídica.