Púnica cobró mordidas de cinco millones en 10 Ayuntamientos

Los abogados de los 92 imputados en el caso Púnica, entre ellos dos exconsejeros y dos ex directores generales del Gobierno de Madrid; un expresidente de la Diputación de León; siete exalcaldes; dos directivos de la multinacional GDF-Cofely y el consejero delegado de Indra, pudieron conocer este viernes los detalles de una investigación judicial que se ha mantenido en secreto durante los últimos nueve meses.

El sumario del caso Púnica descubre una compleja red de negocios variopintos pagados con dinero público y basados en el tráfico de influencias, el cohecho, la prevaricación y la malversación de fondos, según interpretan tanto el juez instructor, Eloy Velasco; como la Fiscalía Anticorrupción que ha impulsado esta causa.

El fraude fiscal de los cerebros de la trama. Francisco Granados, que llegó a ser secretario general del PP-Madrid y uno de los consejeros con más poder del Gobierno de Esperanza Aguirre entre 2003 y 2011, ocultaba en un banco suizo junto con su amigo David Marjaliza elevadas cantidades de dinero. Entre 2000 y 2012, ambos entregaron dinero en efectivo a distintas personas en España y éstas, a su vez, les ingresaron fondos en sus cuentas de Suiza por valor de 5.025.000 euros, según la investigación judicial. Granados y Marjaliza nunca declararon a Hacienda sus ahorros en Suiza.

El constructor Marjaliza, con numerosos negocios irregulares en Valdemoro (Madrid), ingresó cerca de 10 millones de euros por un sistema opaco basado en facturas ficticias, según el juez.

Granados, por su parte, logró un pelotazo inmobiliario cuando Marjaliza le compró por 1,4 millones, previamente recalificadas, cuatro fincas de su propiedad con un valor original de 170.000 euros.

El plan criminal de Cofely. La empresa Cofely, filial de la multinacional francesa GDF Suez, corrompió a numerosos alcaldes y concejales de municipios madrileños, la mayoría del Partido Popular, para lograr contratos multimillonarios de instalación y mantenimiento de sistemas de eficiencia energética, según la Fiscalía Anticorrupción y el juez Eloy Velasco.

"El plan criminal de la empresa", acusa Anticorrupción, "va más allá construyendo los circuitos de pagos de comisiones. No son los márgenes comerciales de Cofely de donde van a partir esos pagos sino que se están planificando delitos de malversación para perjudicar a haciendas locales con un quebranto económico añadido".

La Fiscalía aporta un cuadro de las mordidas en al menos siete municipios de la Comunidad de Madrid, fijadas entre el 2% y el 3% anual del monto de la adjudicación a pagar en 15 años.

Los políticos implicados en el amaño de contratos cobrarían por este sistema 5,25 millones hasta 2029 (los contratos se adjudicaron entre 2012 y 2014).

Financiación ilegal del PP valenciano. La Guardia Civil apunta en uno de sus informes que Alejandro de Pedro, empresario especializado en vender a dirigentes políticos servicios de reputación en internet, y el constructor Marjaliza se pusieron de acuerdo para lograr contratos a dedo de la administración autónoma valenciana a cambio de financiar la campaña electoral del PP. La Guardia Civil extrae esa conclusión de una conversación grabada entre ambos.

Alejandro de Pedro. Tengo una idea. A ver. Ayer estuve con Zaplana.

Marjaliza. Aja.

Alejandro de Pedro. Vale, y yo voy a ponerme la reunión con el presidente la semana que viene; si no pasa nada, vale, entonces, ehhh, una de las ideas que se me han ocurrido es que como a él ahora me va a pedir un tema de campaña...

Marjaliza. Ya me lo contaste. La hablamos pero no por teléfono, que es mejor. Lo hablamos vis a vis.

Otras conversaciones, a las que alude la Guardia Civil en su informe, complementan la mantenida por De Pedro y Marjaliza para apuntalar la idea de que ambos planeaban obtener contratos de la Comunidad Valenciana a cambio de financiar la campaña electoral del PP.

La confesión de las corruptelas en el Gobierno de Madrid. La investigación judicial sostiene que el Ejecutivo de Ignacio González en la Comunidad de Madrid contrataba servicios de reputación en Internet que le prestaba el empresario Alejandro de Pedro para mejorar la imagen del presidente González y de los consejeros más afectados por informaciones negativas. Para financiar estos servicios, el Ejecutivo autonómico recurrió, al menos en una ocasión a la empresa Indra, a la que había adjudicado numerosos contratos.

José Martínez de Nicolás, director general de la empresa autonómica ICM, fue testigo de estas prácticas y así lo confesó al juez: "A mediados de junio o primeros de julio [de 2014], Salvador Victoria me encarga que diga a Indra que pague 10.000 euros a Alejandro de Pedro, 20.000 a Miguel Ángel de la Fuente y 90.000 a un señor llamado Juanjo. De Alejandro de Pedro tenía referencias de tiempo atrás y sabía que se dedicaba a tareas de posicionamiento en la web; pero de los otros dos no tengo conocimiento alguno, no los conozco ni sé cuáles son sus actividades. El encargo me lo hace Salvador Victoria verbalmente en su despacho de la Consejería".

Martínez de Nicolás llega a contarle al juez que escuchó una conversación de Victoria referida a Indra: "Si ayudan, bien; pero que si no, lo digan y no pasa nada; nos ayudamos o no nos ayudamos".

El instructor del caso Púnica mantiene imputados por estos hechos al exconsejero de Presidencia, Salvador Victoria, y a la exconsejera de Educación, Lucía Figar. Las empresas de De Pedro trabajaron para mejorar la imagen de ambos políticos a cambio de contratos públicos adjudicados sin concurso.