El Gobierno ve difícil poder recurrir el 27-S de Cataluña

El Gobierno de Mariano Rajoy está preparado para actuar legalmente contra el proceso independentista en Cataluña y apelará a los tribunales, como ha hecho hasta ahora, para suspender cualquier actuación de la Generalitat en ese sentido. Sin embargo, considera difícil poder recurrir la convocatoria electoral del 27 de septiembre. Legalmente serán unas elecciones autonómicas como el resto y, según su previsión, con un decreto de convocatoria que no incluirá referencia alguna al carácter plebiscitario que pretende darles Artur Mas.

El Gobierno explica que estará vigilante para mantener su estrategia de impugnar ante el Tribunal Constitucional o el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña todas aquellas actuaciones de la Generalitat encaminadas hacia la independencia, como hizo con la consulta del 9-N. Sin embargo, a día de hoy considera difícil poder recurrir la convocatoria de las elecciones del 27-S: cree que deberá actuar, en todo caso, posteriormente, si el Gobierno autonómico que salga de las urnas toma decisiones encaminadas a la independencia de Cataluña.

El Ejecutivo da por hecho que el decreto de convocatoria seguirá el formato habitual de anteriores citas electorales, sin más referencias que las de unas elecciones autonómicas anticipadas. Ese decreto deberá publicarse 54 días antes de las elecciones, es decir, a principios de agosto.

El hecho de que los dirigentes de la Generalitat hablen de “elecciones plebiscitarias” no tiene ningún valor, porque no existe ese concepto legal. En la Constitución se habla de elecciones y de referendos; no hay ninguna otra posibilidad de convocatoria en las urnas. Podría, en todo caso, actuar el Gobierno de forma puntual contra alguna campaña institucional que pudiera impulsar la Generalitat para esos comicios y que incluyera algún concepto de ese tipo.

Ni la lista ni el programa

Tampoco la lista conjunta independentista que han pactado CDC y ERC es susceptible de recurso o impugnación, salvo que presentara algún defecto de forma. Y no es recurrible que en su programa incluya propuestas independentistas, porque desde hace años hay candidaturas en todas las elecciones con ese tipo de objetivos. Sólo sería susceptible de actuación judicial, según las fuentes consultadas, que ese programa incluyera de forma expresa la utilización de medios ilegales para lograr esos fines. En ese caso se aplicaría la Ley de Partidos, como se hizo en el País Vasco con las listas abertzales herederas de Batasuna. Ahora no parece haber posibilidad de actuación por esta vía.

Más allá de las actuaciones concretas, el Ejecutivo no oculta su preocupación por el hecho de que la mayoría de esas iniciativas frente al proceso independentista que pudiera arrancar tras el 27-S tendría que adoptarlas el Gobierno con las Cortes disueltas desde octubre. Y desde que se celebren las elecciones generales, previsiblemente en diciembre, sería un Ejecutivo en funciones el que debería actuar hasta que se constituya el nuevo Gobierno, presumiblemente a mediados de enero. Según el Ejecutivo, no hay limitación legal alguna para que un Gobierno en funciones presente este tipo de impugnaciones.