800 implicados en una red que amañaba el título de patrón de barco

Pagaban de 200 euros a "varios miles de euros", según los investigadores, en función del título para embarcaciones náuticas que querían conseguir sin pasar un examen o recibiendo las respuestas correctas de manera anticipada. La Guardia Civil ha detenido a 22 personas e imputado a otras 851 en una operación contra una red que amañaba los exámenes para obtener el título de patrón de barco y de yate. La trama, desarrollada en 31 provincias españolas, afecta a las consejerías de Agricultura y Pesca de siete comunidades autónomas y de Ceuta y Melilla.

Las pesquisas se iniciaron en Cádiz en octubre de 2014, de donde proceden 500 de los imputados. La Guardia Civil ha descubierto que el entramado permitía que los implicados se lucraran falsificando las titulaciones para que las personas que habían pagado por obtener el título, cumplieran su objetivo. La trama afectaba a distintas entidades relacionadas con el mundo de la náutica, como la Federación Andaluza de Motonáutica, cuyo presidente ha sido detenido.

Los arrestados son, principalmente, quienes cobraban por amañar los exámenes y los imputados, los que pagaban por ello. También se pudo comprobar con distintas administraciones autonómicas que se estaban expidiendo gran cantidad de titulaciones, sin que, en la mayoría de los casos, los titulares de las mismas figuraran en sus bases de datos y contaran con una copia del examen.

Algunos de los implicados se hacían con el título a cambio de "una gran suma", según fuentes de la Guardia Civil, sin tener que pasar por los exámenes, ni las prácticas que estipula la titulación. En otros casos, sí llevaban a cabo la prueba teórica, pero el interesado recibía previamente la plantilla del examen y la hoja autocopiable con las respuestas correctas ya contestadas. "En cualquier caso, nunca completaban las horas mínimas de práctica que se exigen", aseguran fuentes de la investigación.

Uno de los arrestados, fingiendo colaborar altruistamente con los voluntarios de los servicios de Protección Civil de San Fernando (Cádiz), llegó a facturar unos 9.000 euros al Ayuntamiento por unos gastos de formación, derechos de examen, alquiler de local y prácticas. En realidad, los supuestos exámenes se realizaban en la sede de un club deportivo de pesca, de manera gratuita, y no se abonaba ninguna tasa. Las titulaciones eran falsas.

Los agentes del instituto armado han comprobado que algunos de los componentes de los tribunales que corregían los exámenes habían sido coaccionados y amenazados por los presidentes de las federaciones para que fueran partícipes del fraude. Se les amenazaba con perder su empleo. Los miembros de estos tribunales examinadores figuraban como parte de un tribunal de dos o más provincias donde se realizaban las pruebas con diferencias de dos horas en la misma fecha.

La Guardia Civil efectuará, hasta mediados de septiembre, controles en los que pedirá a los patrones de embarcaciones la documentación en regla e inspeccionarán establecimientos y negocios dedicados a esta actividad para evitar nuevos casos.

En la operación, bautizada con el nombre de Sextante (por el instrumento que permite medir el ángulo entre el Sol y el horizonte y que se utilizaba para orientarse en el mar), se han visto afectadas las consejerías de Agricultura y Pesca de las comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña, Valencia, Murcia, País Vasco, Asturias y Galicia y las de Ceuta y Melilla. Además, la Capitanía Marítima, la Federación Española de Motonáutica, la Federación Española de Vela y la Federación Andaluza de Vela también están implicadas. La operación ha sido llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cádiz bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 2 de los de Cádiz.