Madrid expedienta a los médicos del Marañón por trabajar en la privada

La Comunidad de Madrid ha abierto expediente disciplinario a ocho trabajadores del hospital Gregorio Marañón, uno de los mayores de la capital, por trabajar en la sanidad privada sin autorización. Se trata de seis médicos y dos técnicos de laboratorio del departamento de anatomía patológica, señalado desde que en marzo pasado uno de sus patólogos denunció una trama de utilización de recursos públicos para realizar pruebas a pacientes de clínicas privadas.

El escándalo de las pruebas clínicas saltó en marzo pasado después de que el patólogo Juan Carlos Martínez acusara a varios de sus compañeros de llevar años realizando costosas técnicas de laboratorio que se emplean en casos de cáncer para pacientes privados dentro del hospital público. Él y otros tres especialistas eran los únicos del servicio que no trabajaban en la privada. Martínez había alertado previamente de los hechos a la dirección del centro, pero ante la falta de respuesta decidió hacerlos públicos. El caso está en la fiscalía de Madrid después de que CC OO presentara una denuncia.

La Consejería de Sanidad madrileña ha abierto expediente a estas ocho personas porque “presuntamente han simultaneado su actividad de carácter público en el Gregorio Marañón con una segunda actividad en el ámbito privado”, señaló una portavoz, que no precisó la relación de este expediente, solo administrativo, con el escándalo de las pruebas clínicas. La portavoz añadió que los afectados no pidieron que se autorizara su compatibilidad para trabajar en la sanidad privada.

Esta decisión se conoce meses después de que el hospital anunciara que la investigación interna que inició tras la denuncia se cerraba sin encontrar “indicios de ilegalidad”. Pese a ello, el centro solicitó formalmente la intervención de la Inspección Sanitaria de la Comunidad de Madrid para que siguiera investigando. Es esta la que ahora ha abierto el expediente.

“Es un paso adelante, aunque es tímido. No van al meollo. Parece que lo quieren reducir a un defecto de forma. No tienen en cuenta la gravedad del delito, que es un fraude a un hospital público, a fondos públicos. Usaban los recursos para parasitarlos, que es algo escandaloso, sin que la dirección del centro haya tomado ninguna medida”, aseguró este jueves Martínez a EL PAÍS en conversación telefónica.

Comisión de investigación

El hospital creó una comisión de investigación interna, pero situó a la cabeza al director médico, Eduardo Junco. Ante las críticas de CC OO y el PSOE, el centro le sustituyó. Junco conocía la denuncia del patólogo desde hacía meses. El propio Martínez le alertó y le enseñó las pruebas de las que disponía, según relata este último. También la conocía el entonces consejero de Sanidad, Javier Maldonado, según CC OO. La responsable de sanidad del sindicato, Rosa Cuadrado, le envió un correo electrónico el 17 de febrero informándole. Pese a todo, la investigación solo se inició tras una entrevista de Martínez en la Cadena SER en la que denunció en antena lo que sabía de la trama, adelantada por elconfidencial.com.

“Llevan las biopsias privadas para hacerlas en un hospital público. Los reactivos los paga el hospital público y, claro, se benefician ellos, que luego lo facturan", relató. “El robo en sí ya está mal, pero es que pasan por delante de los propios pacientes del hospital”, añadió. Martínez mantiene todo lo denunciado, lo ha repetido ante la fiscal y ha presentado fotografías de pruebas procedentes de hospitales privados que encontró en su servicio. Asegura que los médicos estaban tan acostumbrados a hacerlo que ni se escondían.

También relata que los inspectores examinaron el disco duro del ordenador que controla uno de los aparatos (tinción inmunohistoquímica) y encontraron biopsias con números de registro que no coinciden con los del Gregorio Marañón. “No es cierto que no aparecieran irregularidades”, asegura.

José Manuel Freire, portavoz de sanidad de los socialistas madrileños, se pregunta “por qué han tardado tantos meses en abrir expediente”. “No pueden alegar que no lo supieran. Incluso se trató en la Asamblea de Madrid”, dice. “Esto me recuerda el caso de Al Capone, que le cogieron por no pagar impuestos”, ironizó.