El Constitucional avala la negativa a dispensar la píldora poscoital

Adela Asúa, catedrática de Derecho Penal y magistrada del tribunal constitucional elegida a propuesta del PSOE, firma uno de los votos discrepantes con la sentencia que avala a un farmaceútico sevillano que se niega a disponsar la píldora del día siguiente. Asúa tilda la sentencia de “ideológica” y razona así su profunda discrepancia: “El derecho a la libertad ideológica o de conciencia (artículo 16 de la Constitución) no es por sí suficiente para liberar a los ciudadanos de deberes constitucionales o subconstitucionales por motivos de conciencia, con el riesgo anejo de relativizar los mandatos jurídicos".

Respecto a la falta de consenso en la comunidad científica sobre los efectos abortivos o no de la píldora del día siguiente, que la sentencia utiliza para considerar consistente el conflicto de conciencia alegado por el farmaceútico, Asúa recuerda que la Agencia Española del Medicamento la considera “anticonceptivo de emergencia para evitar un posible embarazo mediante su administración inmediata tras las práctica de relaciones sexuales” y en ningún caso la cataloga como una medicina para “terminar con un embarazo ya comenzado”.

La magistrada denuncia la contradicción que supone no aceptar la cláusula de conciencia que alega el farmacéutico para negarse a vender preservativos y sí ampararla para lo relativo a la píldora del día siguiente cuando ambos, según Asúa, son “métodos anticonceptívos”. “No se entiende”, escribe la mafistrada, "por qué la negativa a dispensar la píldora entra en colisión con la concepción que pforesar el demandante sobre el derecho a la vida y no, en cambio, la negativa a dispensar preservativos”.

Asúa recuerda una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el caso que afectaba a dos farmaceúticos franceses multados por negarse a dispensar en sus oficinas píldoras anticonceptivos. La sentencia europea concluía que dado que la venta de esas medicinas es legal y se realiza única y obligatoriamente en las farmacias, los dueños de estos establecimientos no pueden “hacer prevaler e imponer a un tercero sus convicciones religiosas para justificar la denegación de la venta de ese producto”. La sentencia consideró que la sanción a los farmaceúticos franceses no interfirió en el ejercicio de sus derechos garantizados por el artículo 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Asúa cita también en su voto discrepante jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional de 1987 para oponerse a la sentencia: "Del artículo 16 de la Constitución que regula la libertad ideológica de los españoles no puede deducirse que nos encontremos ante una pura y simple aplicación de dicha libertad. La objeción de conciencia con carácter general, es decir, el derecho a ser eximido del cumplimiento de los deberes constitucionales o legales por resultar ese cumplimiento contrario a las propias convicciones, no está reconocido ni cabe imaginar que lo estuviera en nuestro Derecho o en Derecho alguno, pues significaría la negación misma de la idea del Estado”.