La justicia anula la orden de la Junta para la reapertura de Cobre Las Cruces

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha declarado nula la orden del Gobierno andaluz de reapertura, en abril de 2009, de la mina sevillana Cobre Las Cruces, la mayor explotación de cobre a cielo abierto de Europa. El yacimiento fue cerrado un año antes por problemas medioambientales. En la sentencia, los magistrados consideran que la hoy desaparecida Consejería de Innovación levantó la suspensión de la actividad en la mina antes de que finalizase el trámite administrativo sobre el nuevo plan de aguas del yacimiento, punto al que la Junta inicialmente condicionó la reapertura. Tanto la Administración como la empresa minera estudian recurrir el fallo ante el Tribunal Supremo. La decisión del TSJA se produce en mitad de la tormenta sobre la adjudicación de la mina de Aznalcóllar, que una juez considera que se hizo "sin el mínimo rigor". 

La delegación provincial de dicha consejería suspendió, en mayo de 2008, las labores de explotación en la mina después de que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) alegara que se habían producido "grandes incumplimientos" en materia medioambiental. Precisamente, por estos hechos, tres directivos de la mina están acusados por supuestos delitos contra el medioambiente y a la espera de juicio. Ante estas irregularidades, la CHG suspendió la autorización del uso de agua hasta que quedase "garantizada la preservación del dominio público hidráulico". La Junta también relacionó con esta condición el permiso para que se retomara la actividad en la mina, en manos de una filial de la multinacional canadiense First Quantum.

Según la sentencia del TSJA, la Junta autorizó la reapertura antes de que se aprobase el sistema de drenaje y reinyección del agua del acuífero del que se nutre el yacimiento. Esta resolución —declarada nula en noviembre de 2014 por ser dictada por un órgano incompetente— se aprobó tres meses después. "La resolución impugnada incumplió de manera grave el condicionante previo de levantamiento de la suspensión de otra autorización, la del drenaje-reinyección", dice el TSJA al estimar el recurso de Ecologistas en Acción. En octubre de 2013, la CHG aprobó el actual plan de aguas de la mina.

Con esta sentencia, los ecologistas piden el cierre de la mina y van a presentar una denuncia por prevaricación medioambiental contra los seis cargos andaluces que permitieron la reapertura, entre ellos, el exconsejero Francisco Vallejo y el exviceconsejero Jesús M. Rodríguez. "La resolución coincidió con la dimisión de Manuel Chaves. Hubo una orden política para que se reabriera antes de que se terminaran los procesos administrativos que garantizaban la seguridad del acuífero que hay debajo de la mina. Chaves no quería irse de Andalucía dejando la mina paralizada", explicó ayer el portavoz de Ecologistas en Acción, Isidoro Albarreal, quien criticó que la empresa sigue extrayendo del acuífero un millón de metros cúbicos de aguas por encima de lo autorizado.

Por su parte, Cobre Las Cruces sostuvo que opera "conforme a todas las autorizaciones y permisos" y afirmó "que su desempeño es riguroso en lo que a la protección ambiental del entorno se refiere". La empresa considera que todas sus actuaciones "están amparadas por las Administraciones competentes, ya sea regional o estatal" y que en el caso concreto al que se refiere la sentencia, "hay resoluciones que avalan el funcionamiento del sistema de drenaje y reinyección y la aplicación del Plan Global de Aguas aprobado en 2009".

Asimismo, el departamento que dirige José Sánchez Maldonado ha señalado en un comunicado que, "en ningún caso", la sentencia "interfiere o cuestiona la actividad de la mina, ni en el empleo de la misma, así como tampoco en la inversión de la empresa Cobre Las Cruces, ni en sus

planes de investigación, que siguen adelante". La consejería ha indicado que la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de octubre de 2013 "ampara y refuerza" la gestión hídrica que se lleva a cabo en el complejo minero.