Justicia revisará la restricción de imágenes de detenidos

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se muestra dispuesto a modificar el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC) que restringe la publicación de imágenes de detenidos a fin de proteger su intimidad. Con el compromiso de buscar un “texto alternativo” al polémico artículo 520.1, el Gobierno atiende el malestar de organizaciones de periodistas y asociaciones de editores, que se han opuesto de forma contundente a este aspecto de la reforma. Consideran que la redacción actual —según la cual en la detención de una persona “se deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar el respeto a sus derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen en el momento de practicarse así como en los traslados ulteriores”— pone en peligro el derecho constitucional a la información.

La enmienda a la LEC —que actualmente se tramita en el Senado— fue incorporada por el PP poco después de la difusión de imágenes de Rodrigo Rato durante su arresto por funcionarios del Servicio Aduanero. Las cámaras captaron justo el momento en el que era introducido en el vehículo por un agente. La fotografía ocupó la portada de los principales diarios y los vídeos se emitieron repetidamente por televisión.

Derecho a la información Catalá, que ayer se reunió con representantes de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), de la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) y del Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP), abogó por un nuevo texto que “refuerce el equilibrio entre el derecho a la información y los derechos constitucionales del investigado”. Las organizaciones periodísticas sostienen que, como avalan varias sentencias del Tribunal Constitucional, en asuntos de interés público prevalece el derecho colectivo a la información frente al derecho individual al honor, la intimidad y la propia imagen.

Tanto los diarios como los periodistas exigen “seguir siendo responsables de elegir con su criterio profesional qué información comparten con los ciudadanos”. Reclaman el derecho a difundir imágenes de los detenidos cuando obedezca “al interés público” y recuerdan que en la ponderación entre el derecho de imagen y el de información, son los jueces y no los poderes políticos quienes deben fijar los límites.