El Constitucional cierra la puerta a las consultas sobre las prospecciones

El pleno del Tribunal Constitucional cierra cualquier puerta a la convocatoria por parte de las comunidades autónomas de consultas ciudadanas sobre las prospecciones de gas y petróleo. Los magistrados, por unanimidad, han declarado inconstitucional el decreto del Gobierno de Canarias, de octubre de 2014, por el que se convocó una consulta ciudadana sobre la búsqueda de hidrocarburos. El Ejecutivo canario dio este paso en el momento en el que la polémica sobre los sondeos de Repsol estaban en su punto más alto. La consulta nunca llegó a producirse y la compañía, tras realizar una primera prospección, anunció el abandono del proyecto ante los resultados obtenidos, que no hacían rentable la explotación comercial de los hidrocarburos localizados en aguas de Canarias.

La semana pasada, el Constitucional ya anuló el reglamento canario sobre consultas ciudadanas. Los magistrados aplican ahora la misma doctrina al considerar que lo convocado en 2014 por el Ejecutivo canario era "una consulta sin duda de carácter referendario". Ese tipo de llamamiento, según el Constitucional, es una competencia del Estado.

En noviembre de 2014, el tribunal suspendió cautelarmente la consulta sobre las prospecciones. Lo hizo tras ser recurrida por el Gobierno central. La Administración canaria decidió no seguir adelante con ella y la sustituyó por una encuesta. Ese sondeo, realizado entre 2.772 personas, concluyó que el 75% está en contra de las prospecciones.

El Constitucional ha ido frenando durante esta legislatura las iniciativas que han aprobado diferentes comunidades autónomas en contra de la política energética, que ha consistido en apoyar la búsqueda de combustibles fósiles, que ha impulsado el Gobierno central. Los magistrados han argumentado que este campo es una competencia estatal. 

Así ha ocurrido con las prohibiciones genéricas de Cantabria, La Rioja y Navarra sobre el uso de la fractura hidráulica en sus comunidades, que han sido declaradas inconstitucionales por el Constitucional. Sin embargo, este mismo tribunal ha dejado abierta provisionalmente otra puerta: la vía catalana, que consiste en modificar la normativa urbanística para hacer prácticamente inviable el uso del fracking sin que se haya una prohibición genérica a esta técnica de extracción de gas y petróleo. Esta vía es la que ha elegido también el País Vasco, cuyo Parlamento ha aprobado este martes un cambio legal en la misma línea que la Generalitat. La reforma ha sido aprobada con los votos favorables de EH Bildu, PSE y PP y la abstención de UPyD y PNV, que gobierna esta comunidad autónoma.