El Gobierno renuncia a un 57% de inversión en medio ambiente y riego
Las obras del plan Feder se encuentran ejecutadas al 65% a cuatro meses del plazo final
“En una comunidad con más de un 30% de tasa de paro, la falta de inversiones del Gobierno con fondos solidarios de la UE para el desarrollo es injustificable”. Con estas palabras, el secretario andaluz de Planificación Territorial e Infraestructuras de CCOO, Francisco Alfonsín, dejó callados a los miembros del último comité de seguimiento del programa de fondos europeos Feder en Sevilla. El Gobierno ha renunciado a más de un 57% de las inversiones previstas en 2007 en el Eje 3, destinado a inversiones en medio ambiente y regadíos en el sur, una zona de sequía y déficit de recursos hídricos. De lo que ha quedado, y a seis meses de la finalización del programa, se había ejecutado tan solo un 65% de las obras previstas. El Ejecutivo sostiene que se llegará al 100% de la inversión finalmente comprometida, pero los plazos y el grado de realización de obras lo hacen difícil, por lo que están en riesgo el cobro de las ayudas europeas.
Las cuentas
El Eje 3 del programa operativo de los fondos Feder en Andalucía se considera prioritario, ya que incluye actuaciones en medio ambiente, entorno natural, recursos hídricos y prevención de riesgos. Europa financia el 80% de las actuaciones, por lo que la renuncia del Gobierno español supone la reducción de fondos comunitarios destinados a las mismas.
La previsión de 2007 era destinar a este eje 2.047 millones de financiación comunitaria y 877 de fondos españoles. En total, 2.925 millones de euros.
El último informe refleja que la financiación final de este capítulo se ha reducido a 1.484 millones europeos y 371 millones estatales. En total, 1.855 millones que suponen haber derivado a otros planes 1.097 millones que hace ocho años se iban a destinar a medio ambiente y recursos hídricos.
Para los siete ejes prioritarios del Programa Operativo FEDER de Andalucía gestado en 2007 se presupuestaron 6.843.929.341 euros y una aportación nacional 3.009.084.756 euros.
El 28 de julio de 2011, España presentó a la Comisión Europea la solicitud de revisión del Programa Operativo. La Comisión Europea aprueba los cambios. La ayuda FEDER sigue en 6.843.929.341 euros, pero la aportación nacional baja a 1.710.982.427 euros.
El Feder para Andalucía de 2007 nació con un ambicioso plan de inversión pública de 877,7 millones en el mencionado eje comunitario. Sin embargo, España renunció a decenas de obras, destinó el dinero a otros programas y dejó el capítulo de medio ambiente, entorno natural, recursos hídricos y prevención de riesgos en 371 millones, un 42% de lo previsto, según los informes del programa operativo del Ministerio de Hacienda.
Esta renuncia obligó a reducir la aportación directa de Europa prevista en este eje, que pasó de 2.047, a 1.484 millones. De esta forma, el total de inversiones inicialmente programadas en este capítulo se ha rebajado en 1.097 millones contando la financiación nacional y comunitaria.
“Es una situación complicada”, reconoció una representante del Ministerio de Medio Ambiente ante el pleno de la última comisión. “Un susto”, replicó Anatolio Alonso, del Ministerio de Hacienda, a los asistentes, según relató Alfonsín.
Pese al recelo de la Comisión Europea, se aceptó una última reprogramación, que supone destinar gastos previstos en un capítulo que se admite que no se va a cumplir a otros en los que es más fácil la ejecución de proyectos, como los relacionados con biodiversidad y que tienen que ver principalmente con estudios. Pero estos tienen mucha menor capacidad de generar empleo, el principal objetivo junto a la mejora del medio ambiente y la productividad agrícola.
Algunos capítulos son preocupantes. En investigación, el grado de ejecución ronda el 18% y los Ayuntamientos, que presentaron proyectos por 137 millones de euros, solo han llegado a la mitad de los compromisos. Únicamente Málaga ha cumplido al 100% y Linares (Jaén) se encuentra al 80%. Otros tres han invertido la mitad de lo previsto y el resto, a seis meses de la finalización del programa, está entre el 0% y el 20% de ejecución.
Ante esta situación, Alonso reclamó, “aunque sea duro”, que las entidades con un bajo cumplimiento afronten la renuncia a proyectos y los reprogramen. Pese a la difícil situación, el representante del Ministerio de Hacienda se comprometió a no perder las ayudas.
Obras contrarreloj
Una de las entidades señaladas por tener un grado de ejecución por debajo de la media es la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa), que se encontraba al 53% en junio, 10 puntos menos que el conjunto de entidades. Esta sociedad pública, que arrancó el programa operativo en 2007 con compromisos de invertir 233 millones de fondos europeos hace ocho años en Andalucía y Murcia, ya rebajó sus compromisos en 2013 a 129 millones, después de renunciar a decenas de obras, según reflejan las memorias de la entidad. En la actualidad tiene adjudicados trabajos que rondan los 68 millones de euros (47 en Andalucía y 21 en Murcia), el 30% de lo previsto a comienzos del programa.
El director general de Seiasa, Joaquín Rodríguez, que se incorporó en octubre a esta entidad, se concentra ahora en la realización de lo que ha quedado. “No vamos a perder ni un euro”, afirma antes de asegurar que antes de noviembre habrán culminado el 100% de las obras. Explica que, para conseguirlo, se han triplicado medios, como en el caso de las obras previstas en Calasparra (Murcia), o se están haciendo turnos de noche, como en las balsas murcianas de Blanca. En una de las mayores inversiones previstas, en el Fresno (Huelva), que se encuentra al 63%, afirma que se cerrará al 100% en cuanto se instale el material eléctrico encargado. Los casi 19 millones de inversión previstos en el Viar (Sevilla) tienen una situación “complicada”, ya que las obras están al 55%, pero Rodríguez insiste en que se cumplirá y, si no, “se pedirán penalizaciones” a las empresas adjudicatarias.
Las causas de esta situación son diversas, según Rodríguez. En ocasiones, las comunidades de regantes no consuman su participación por falta de financiación o por no querer hacer frente a la parte de la inversión que les corresponde. En otros casos, las tramitaciones de permisos o declaraciones de impacto ambiental retrasan el inicio de los trabajos. Las memorias del comité de seguimiento reflejan también la incidencia de las limitaciones de inversión impuestas por la política de austeridad del Gobierno.
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