El cambio político en las autonomías amenaza el futuro de la ley educativa

El mapa de poder regional ha cambiado tras las elecciones del 24 de mayo y amenaza la aplicación de normas que nacieron sin consenso, como la ley educativa del PP. Hay partidos nuevos, el PP pierde poder y los socialistas pasarán de gobernar dos autonomías a siete. Tras este giro, partidos como el PSOE, Convergència o PNV retoman las críticas a la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y piden que se paralice para el curso que viene, cuando está prevista su ampliación a la ESO.

Andalucía, Asturias o País Vasco han frenado medidas ya en marcha, como las evaluaciones externas de la etapa de primaria. La Generalitat admite que “driblan” la ley. Evitaron, por ejemplo, el desdoblamiento de la asignatura de Conocimiento del Medio en dos materias, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. La imparten de manera conjunta pero con notas separadas. La Junta de Andalucía también aplica ese desdoble y rescató Educación para la Ciudadanía, eliminada en la LOMCE, en la parte del horario que diseñan las autonomías.

El candidato más probable a la presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha con el apoyo de Podemos, el socialista Emiliano García-Page, cree “importante” paralizar la ley educativa “antes de que empiece el nuevo curso” para resolver “los problemas técnicos” que está acarreando.

“Mensaje claro”

El resultado de las elecciones “es un mensaje claro” sobre la necesidad de frenarla, ahonda el consejero canario de Educación y responsable del área en el PSOE, José Miguel Pérez. Su partido y los Gobiernos autónomos que presidan reclamarán frenar sobre todo lo relativo a las pruebas externas previstas al final de cada etapa y anuncian que llevarán la pelea a los Parlamentos.

La consejera catalana de Educación, Irene Rigau, anunció el lunes una ronda de contactos con autonomías donde la izquierda ganó las elecciones para forzar una reunión de todas las regiones con el Ministerio de Educación para hacer un frente común. Es necesario que al menos seis comunidades autónomas reclamen esa reunión y ya superan ese número. Después, no es previsible que el ministerio asuma la paralización que le reclaman, pero son los Gobiernos regionales los que tienen la última palabra en sus aulas.