OPERACIÓN PÚNICA

El juez investiga a alcaldes del PP por malversar fondos en autopropaganda

La Guardia Civil interroga a asesores municipales de Madrid y Alcobendas que adjudicaron contratos sin concurso a uno de los principales imputados de la Púnica

Alejandro De Pedro sale de la Audiencia Nacional.
Alejandro De Pedro sale de la Audiencia Nacional.Luis Sevillano

La segunda fase del caso Púnica, investigación judicial abierta contra una heterogénea trama de corrupción instalada en administraciones públicas, ha puesto ahora el foco sobre los contratos a dedo adjudicados por diversos ayuntamientos a un empresario imputado en la causa, Alejandro de Pedro, que ofrecía a alcaldes del PP servicios en la red para mejorar su imagen y contrarrestar informaciones negativas.

Entre los ayuntamientos investigados ahora figuran el de Madrid, gobernado por Ana Botella, que abandona la política; y el de Alcobendas, cuyo alcalde es Ignacio García de Vinuesa, quien el pasado martes tomó posesión de su escaño de diputado autonómico del PP y opta a revalidar su cargo municipal en el pleno del próximo sábado.

Los servicios de reputación que ofrecía De Pedro con dos de sus empresas, Eico y Madiva, se pagaban en muchos casos con fondos públicos de los ayuntamientos donde gobernaban los políticos implicados en estos procedimientos supuestamente corruptos, según la investigación judicial. El juez Eloy Velasco, instructor del caso Púnica, sostiene que existen indicios de malversación de fondos públicos en estas prácticas. La Ley permite contratar a empresas para hacer publicidad de los servicios que prestan las instituciones, pero prohíbe usar dinero público para financiar trabajos de propaganda o autobombo de los miembros del Gobierno municipal.

El magistrado mantiene imputados por hechos parecidos a los que ahora investiga en la segunda fase del caso Púnica a ex altos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid, entre ellos el exconsejero de Presidencia, Salvador Victoria, y la exconsejera de Educación, Lucía Figar. Ambos contrataron a De Pedro para servicios de seguimiento de noticias o de posicionamiento en la red de las consejerías que dirigían. La investigación judicial, basada en documentos incautados, en la intervención de comunicaciones y en el testimonio de trabajadores de las empresas de De Pedro, sostiene que con dinero público de la Comunidad de Madrid se pagaron servicios para contrarrestar informaciones negativas de los altos cargos del Gobierno regional.

En el caso del Ayuntamiento de Madrid, la Guardia Civil interrogó en calidad de testigos el pasado martes a dos asesores del Gobierno municipal de Ana Botella quienes habrían tenido tratos con De Pedro en relación con un contrato mayor de 60.000 euros para posicionamiento en red y otros servicios de reputación. El contrato nunca llegó a consumarse. La investigación sólo tiene acreditado un pago de casi 5.000 euros a De Pedro por inserciones publicitarias del Ayuntamiento de Madrid en los diarios digitales del empresario.

Los investigadores de la guardia civil también interrogaron a un asesor del Gobierno municipal de Alcobendas en relación a los fondos públicos (17.281 euros) con los que este Ayuntamiento pagó a la empresa Madiva por inserciones publicitarias en el diario digital AlcobendasTodoNoticias entre 2012 y 2014. Además, Alcobendas contrató con Eico, otra empresa de Alejandro de Pedro, distintas auditorias y servicios en 2011 (17.680 euros), 2012 (21.630 euros) y 2013 (14.390 euros). Todos los contratos se hicieron a dedo. Se fichó a las empresas de De Pedro porque los responsables municipales las conocían "de oídas", según indicaron a este periódico.

Trabajadores de Madiva y Eico han declarado al juez Velasco que parte de su trabajo consistía en colocar noticias positivas de dirigentes del PP en diarios digitales que creaba el empresario De Pedro y amplificar el eco de esas informaciones a través de miles de cuentas en twitter que gestionaban. Con este sistema, conseguían supuestamente que las noticias positivas aparecieran en los primeros lugares de los buscadores de internet. De esa manera intentaban contrarrestar escándalos de corrupción o noticias negativas de los dirigentes del PP. Este servicio se pagaba, según la investigación judicial, con fondos públicos.

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