Qué hacemos con los expresidentes

Asumamos que en una democracia necesitamos expresidentes en activo, más o menos en la misma medida que necesitamos presidentes en activo. Vamos, que no es conveniente amortizarlos muy pronto. Y es que, con la tendencia de una joven democracia como la nuestra a elegirlos jóvenes es normal que, tras su mandato, se vean en plena forma para dar consejos a sus sucesores.

Asumamos también que, incluso si ellos mismos logran evitar esa pulsión tan natural de poner su experiencia al servicio del país, siempre habrá quien, desde los medios o desde fracciones de sus propios partidos, les animen a que contribuyan a evitar ese “imparable deterioro político y moral” que, al parecer, siempre amenaza a España.

Vamos, que no hay campaña electoral sin que reaparezcan jaleando a los suyos y sin que, de paso, alguien aproveche para recordar la poca templanza de su sucesor.

¿Ley de vida? No. Simplemente, es que nuestra democracia es demasiado reciente para haber afrontado con seriedad cuál es el papel que cabe exigir a quienes ocuparon la Jefatura del Gobierno. ¿Es José María Aznar patrimonio del PP, o Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero patrimonio del PSOE? Sin duda, lo son, pero no son solo eso, y por tanto sus partidos no los deberían utilizar en guerras internas, ni como arietes contra otros partidos. Ni la sociedad española habría de consentirles hacer el ridículo, nacional o internacional, pues con ello nos dejan en ridículo a todos.

En 1992, las Cortes Generales otorgaron el tratamiento de presidente, de por vida, a quienes habían dejado de serlo, garantizando “la consideración, atención y apoyo debidos”, lo que incluye medios económicos y prerrogativas. Probablemente haya llegado el momento de revisar si la legislación garantiza el papel que deben tener nuestros presidentes cuando dejan la Jefatura del Gobierno. No se trata solo de revisar si deben disponer de pensión vitalicia o si regulamos las llamadas puertas giratorias, también habría que establecer por ley el estatus institucional que deben ejercer, para reforzar la consideración que su figura merece de adversarios y partidarios.

España anda escasa de símbolos compartidos. Demasiado a menudo, los utilizamos para separar lo que necesitamos unir. Incluso en las campañas electorales, cuando nos dedicamos a mostrar lo que nos diferencia, olvidamos que antes debemos poner en valor lo que nos une.