El informe jurídico de la Junta ve legal la concesión de Aznalcóllar

La concesión de la mina de Aznalcóllar “se ajusta a derecho”. Esta es la conclusión de un informe elaborado por los servicios jurídicos de la Junta tras conocer el auto de la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla, Patricia Fernández, que considera que la adjudicación se hizo “sin el mínimo rigor”. El texto legal de la Junta defiende su actuación y contradice las tesis de la investigación de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) en la que se basa la actuación judicial por supuestos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y negociación ilegal.

Según el auto, “no se aprecia” que Minorbis “cumpliese las exigencias mínimas, ni siquiera para superar la primera fase del concurso de adjudicación”. Tampoco “observa el más mínimo rigor en la actuación de la Administración”, cree que debería haberse suspendido el contrato y detallado el compromiso inversor de las partes asociadas.

El informe establece que el procedimiento seguido para la adjudicación de la explotación está “excluido del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos” y debe regirse por el decreto 9/2013 de 17 de diciembre, por la legislación minera y por la patrimonial. Entiende la Junta que la norma sobre contratación es de aplicación “supletoria” en caso de “dudas o lagunas”.

El decreto al que hace referencia el gabinete jurídico de la Consejería de Economía es el que articula los "procedimientos necesarios para la reapertura de la mina de Aznalcóllar" y en el que se argumenta que "la tardanza estatal en aprobar una norma legal básica en materia de minas hace que se mantenga vigente una legislación estatal inadaptada al régimen constitucional de distribución de competencias". "Esta tardanza no puede impedir el ejercicio legítimo de sus competencias por parte de Andalucía", añade la Junta en el decreto.

También defiende el texto que no se presentó recurso especial contra la adjudicación y que, de haberse presentado, no hubiera sido admitido en virtud de la normativa reguladora de esta concesión, ajena a la de contratos.

En este sentido, la Junta defiende que no se acordó la suspensión temporal del expediente porque el "recurso especial" fue anunciado pero no presentado. Añade que, además, de haberse formalizado, esta vía solo se puede utilizar en determinados tipos de contratos, que no es el utilizado para la concesión minera. De esta forma, alega la Junta que incluso la tramitación del mismo no hubiera supuesto la paralización del proceso al no ser de aplicación la legislación de Contratos del Sector Público.

En relación con la falta de informes sobre su capacidad a través de la oficina consular, la Junta argumenta que "no fue exigido a Grupo México por cuanto en el concurso público convocado para la adjudicación (...) no intervenía como licitador" sino que esta figura recaía en Minorbis SL, entidad con residencia en Sevilla". Entiende así la Administración que los informes "no eran exigibles". 

Sobre la solvencia de la empresa concesionaria, Minorbis (filial Magtel) y Grupo México, los servicios jurídicos de la Junta consideran que “a la vista de la documentación presentada por la licitadora y a la valoración realizada por el técnico especializado”, la mesa de adjudicación consideró “acreditada” la capacidad técnica y económica de la sociedad.

El grupo que tomó la decisión sobre la empresa que obtuvo el permiso para explotar la mina tuvo en cuenta que Grupo México, que participaba a través de la española Minorbis, presentaba fondos propios de 10.090 millones de dólares, por lo que se superaba el 30% del importe necesario requerido. La mesa de contratación exigió a Minorbis que avalara que la empresa americana respaldaba económica y financieramente el proyecto, por lo que se presentó una "declaración conjunta de compromiso".

La adjudicación fue denunciada por Emerita Resources España SLU, una de las dos empresas que accedieron a la fase final del concurso, resuelto por la Junta de Andalucía el pasado 20 de febrero en favor de la entidad Minorbis-Grupo México (filial de Magtel). La juez investiga la presunta comisión de delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y negociación ilegal vinculados con el concurso público para la adjudicación de la reapertura de la mina.