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El Gobierno aprueba planes y medidas de gasto en campaña electoral

El Ejecutivo da luz verde al Plan de Familia, al Plan Pive, de incentivo a la compra de coches, y a créditos extraordinarios para las comunidades

El Gobierno reunió numerosas medidas sociales y de gasto y las aprobó todas en el Consejo de Ministros de este jueves, diez días antes de las elecciones municipales y autonómicas. La medida estrella es el Plan de Familia —aunque la mayoría de su contenido ya está en marcha—, que incluye un aumento en la pensión de jubilación de las mujeres que hayan tenido más de un hijo. También aprobó créditos extraordinarios y suplementos de crédito por 20.000 millones, normas pendientes como la ley del cine, medidas de apoyo a autónomos, planes de ayudas que estaban congelados y créditos a autonomías.

A poco más de una semana de las elecciones municipales y autonómicas del 24-M y en plena campaña electoral, el Gobierno aprobó este jueves medidas de gasto y planes de ayudas como nunca había hecho de una sola vez en toda la legislatura. Lo aprobado incluye planes como el de familia, una de los proyectos estrella del Ejecutivo, que venía preparándose desde 2012. Este plan contiene medidas ya aprobadas y en vigor y otras que supondrán, por ejemplo, un aumento en la pensión desde 2016 para mujeres que hayan tenido hijos.

Dentro de ese Plan de Familia aprobado este jueves —el 70% de cuyas medidas está ya en vigor, según el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso—, el Gobierno propondrá al Pacto de Toledo que las mujeres que hayan tenido dos hijos cobren un 5% más de pensión al jubilarse; el 10% con tres hijos y el 15% con cuatro o más. Estas medidas forman parte de lo que el Gobierno llamó la agenda social, y el ministro Alonso las justificó por la necesidad de incentivar la natalidad.

Medidas dirigidas a varios sectores

La ley del Cine supondrá 16 millones de euros y el plan Pive 225 millones. El coste del Plan de Familia es de 5.400 millones.

10 millones para lucha antiterrorista; otros 10 para el rescate del pesquero hundido en aguas de Canarias y 50 millones para sequía.

Suplemento de crédito por 17.817.735.446 euros, para sostenibilidad financiera de comunidades y ayuntamiento. Concesión a Castilla y León, Galicia y La Rioja de 168 millones de euros.

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, desvinculó esas medidas de la cita con las urnas y aseguró que, con cuatro elecciones este año, el Gobierno no podría aprobar nunca nada por temor a ser acusado de partidista. Los sectores beneficiados por las medidas van desde los autónomos a las familias, y colectivos culturales como el cine. También sectores territoriales, porque hay créditos para la lucha contra la sequía, ayudas a comunidades concretas e impulso de infraestructuras en lugares clave, como el inicio de los trámites para construir un tren lanzadera entre el centro de Barcelona y el aeropuerto de El Prat (200 millones de euros).

Entre las medidas hay normas que venían negociándose durante meses con los afectados, como la ley del cine con un crédito extraordinario de 16 millones de euros. Otras, como la renovación del Plan Pive, de incentivo a la compra de coches, se habían retrasado.

En el Consejo de Ministros de este jueves todo fueron medidas sociales o de gasto, con suplementos de créditos o créditos extraordinarios que superan los 20.000 millones de euros. Incluyen medidas dirigidas a los autónomos, como la ampliación de los incentivos al autoempleo con el objetivo de impulsar esta modalidad laboral para crear 550.000 nuevos autónomos durante los próximos cuatro años. También la ampliación de la tarifa plana para autónomos, para que el beneficiario pueda mantener esta ayuda aunque contrate a algún trabajador, y su ampliación de 6 a 12 meses para las personas con discapacidad.

El proyecto de ley aprobado también permitirá que los parados capitalicen el 100% de su prestación por paro, independientemente de su edad, y se permitirá a los autónomos dependientes (que perciben al menos el 75% de sus ingresos de un mismo pagador) contratar a un empleado en “circunstancias excepcionales” para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar. También se amplía a los mayores de 30 años la posibilidad de compatibilizar durante un máximo de nueve meses la prestación por desempleo con el alta en el régimen de autónomos.

Sobre las elecciones, la vicepresidenta hizo un llamamiento a los ciudadanos para que valoren la estabilidad en las instituciones al emitir su voto.

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