El cortijo del CSIC en Doñana

La remodelación total del Palacio de Doñana emprendida sin licencia por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad, supone una infracción "muy grave", "incompatible con la norma" y, por lo tanto, "no legalizable". Así de contundente se muestra el informe técnico y jurídico del área de Disciplina Urbanística de Almonte (Huelva), municipio donde se encuentra el Palacio del Parque Nacional. A lo largo de 16 páginas, el texto detalla las numerosas infracciones cometidas por la agencia del Ejecutivo central (PP). La resolución contraviene el intento del gobierno de Almonte, también del PP, de “arreglar” la situación. El 1 de mayo reclamó un informe preceptivo a la dirección del Parque para empezar el trámite de la licencia de obras, solicitada el 25 de abril, siete meses después de comenzados los trabajos. El CSIC no aportó su versión a este periódico.

EFE FUTURO

El Palacio de Doñana es una sede de la Reserva Biológica del CSIC en un cortijo andaluz del siglo XVI que fue durante generaciones pabellón de caza de las familias reales y de la aristocracia. Su protección es máxima, de grado uno, lo que impide realizar cualquier trabajo que no sea de mantenimiento. Además, solo se prevé “uso residencial para investigadores e invitados institucionales”, entre ellos, Felipe González, cuando era presidente del Gobierno, Mijail Gorbachov, François Mitterrand o Helmut Kohl.

Sin embargo, el CSIC comenzó en octubre su remodelación total para convertirlo en un laboratorio de proceso de datos (con capacidad de un millón de gigabites) emitidos por centenares de sensores o equipos de seguimiento de especies. Toda la obra más los equipamientos suponen siete millones de euros que paga el Gobierno y la UE a través de fondos Feder.

El informe técnico ratifica que las obras han comenzado sin “la preceptiva licencia” y fueron  inspeccionadas el 29 de abril, cuatro días después de la solicitud del permiso y siete meses después de ejecución de trabajos. El proyecto fue supervisado por la Oficialía Mayor del Ministerio de Industria el 30 de octubre de 2014, mes en el que comenzaron las demoliciones. Este departamento “presuponía” que se cumplían las normas.

Sin embargo, no fue hasta el 25 de febrero cuando se solicita la licencia y, un día después, se presenta la autoliquidación del permiso por 34.205,64 euros en función de un presupuesto general de 1.041.991,11 euros correspondiente únicamente a la obra. Tan solo 48 horas más tarde se emite un informe técnico “desfavorable” porque la remodelación vulnera lo previsto para el edificio por el alto grado de protección. Solo se permite realizar trabajos de mantenimiento y conservación. “Están prohibidas el resto de obras de cualquier tipo”, advierte el arquitecto redactor del texto.

Las obras en el espacio protegido, dada su especial ubicación, precisan además de un informe de la dirección del Parque Nacional, que no ha sido informada de las obras salvo por un comentario en un consejo de participación en el que no se dieron detalles. Este trámite se solicitó el 30 de abril y se registró un día después en el Ayuntamiento, pese a ser festivo.

Pero el informe establece que ya se han realizado obras “no legalizables” por un total de 43.497,74 euros “en suelo no urbanizable de especial protección”, por lo que la tramitación de la licencia es muy difícil.

En este sentido, la parte jurídica del informe detalla que es imprescindible la “inmediata suspensión de las obras”, algo que no se ordenó hasta el pasado día cinco. El Ayuntamiento alega que lo hizo “en cuanto tuvo constancia” de la situación, pero las obras eran conocidas en todo el pueblo, según detalló el concejal socialista que alertó de la situación, José Villa. El grupo socialista ya había pedido la paralización de las obras el 30 de abril tras advertir del daño que se estaba produciendo en un entorno “tan sensible” y criticó la “dejación de funciones” por parte del Ayuntamiento, que no actuó hasta que esta formación alertó del caso y pese a conocer que se estaban ejecutando trabajos.

El gobierno local pretende "modificar el proyecto de forma que pueda llevarse a cabo sin que vulnere la ley ni dañe el edificio de manera patrimonial”, según declararon fuentes municipales a Efe. Pero el informe técnico y jurídico insiste en que “no es legalizable” y que, ante esta circunstancia, la norma exige “la reposición a su estado originario”. También establece el texto que “procede (…) la exigencia de la responsabilidad sancionadora”.