Un alto cargo de Madrid pidió a Indra 120.000 euros en b, según la fiscalía

La Audiencia Nacional investiga un escándalo de propaganda a favor del Gobierno regional del PP pagada supuestamente con dinero negro de una gran empresa contratista de la Comunidad de Madrid. La Fiscalía Anticorrupción y el juez Eloy Velasco, instructor del caso Púnica —una supuesta trama corrupta que se enriqueció gracias a contratos por 250 millones de euros, amañados en la Comunidad de Madrid y media docena de Ayuntamientos—, creen que el Gobierno regional del PP, presidido por Ignacio González, pudo presionar a Indra, empresa a la que adjudicaba contratos por 15 millones al año, para que pagase 120.000 euros, parte de ellos a firmas que hacían propaganda para el Ejecutivo autonómico.

La fiscal encargada del caso y el juez parten del testimonio de José Martínez Nicolás, exconsejero delegado de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid, ICM, imputado en la causa, quién declaró supuestamente al juez que al menos en tres ocasiones pidió dinero a Indra (90.000 euros, 20.000 euros y 10.000 euros) por indicación del Gobierno de Madrid para saldar deudas con diferentes personas, entre ellas el empresario Alejandro de Pedro.

De Pedro tenía dos empresas, contratadas por la Comunidad de Madrid, que, según el Gobierno regional, hacían trabajos de seguimiento de noticias en la Red para la institución. El juez sospecha que se trataba de propaganda para cargos del PP.

Durante el interrogatorio a Francisco Javier Monzón, expresidente de Indra, una fiscal aseguró que el alto cargo de la Comunidad José Martínez Nicolás había confesado que llegó a pedir —en algún caso por indicación de su superior directo, el consejero de Presidencia Salvador Victoria— hasta tres favores al director general de Indra, Santiago Roura, para que hiciera pagos a terceras personas que sumaban 120.000 euros.

Monzón negó que se hubiera abonado ese dinero: “En mi empresa todo se hace por transferencia, no hay pagos en efectivo ni con cheques”. Sí admitió que, según le contó Roura, Nicolás le llamó por teléfono en una ocasión “para pedirle 10.000 euros porque se lo debían a ese señor [De Pedro]”. “Roura no le dio el dinero, pero era una situación incómoda”, admitió Monzón.

El juez Velasco preguntó al expresidente de Indra si conocía a Salvador Victoria o a Isabel Gallego, directora general de Medios de la Comunidad; y si le habían pedido “dinero negro”. Monzón aseguró que no conocía ni a Victoria ni a Gallego y negó que hubieran pedido a Indra esos fondos no declarados. Un segundo directivo de Indra, Jesús Vicente Gil, también negó que la firma hubiese pagado en negro a terceros seleccionados por la Comunidad.

El levantamiento del secreto del sumario en una parte de la causa destapó las declaraciones de varios trabajadores de Eico, la empresa de De Pedro, que comparecieron en la Audiencia como testigos. Una de ellos admitió que los supuestos trabajos de clipping (resúmenes de prensa) que el Gobierno regional alegó para contratar con el polémico empresario escondían otros encargos, como minimizar en Internet noticias negativas de cargos del PP.

Un alto cargo de Madrid pidió a Indra 120.000 euros en b, según la fiscalía

La ingeniera María José Gutiérrez Martínez, trabajadora de Eico, contó al juez y a las fiscales que los asuntos más duros con los que tuvo que lidiar fueron la publicación de las noticias sobre el ático de Ignacio González en Marbella y la concesión del cheque escolar en Madrid al hijo de la consejera de Educación, Lucía Figar. La trabajadora confesó que su misión era relegar informaciones críticas en buscadores de Internet. Y explicó la fórmula: “Evidentemente, se trabajaba la reputación de Figar porque era la que peor estaba (...) Lo del cheque escolar [del hijo de Figar] era uno de nuestros huesos. Siempre hay noticias muy fuertes, muy comentadas y muy compartidas”. “Eso no puede desaparecer de la web, lo que haces es generar muchos contenidos que cojan más fuerza para que esas noticias bajen”.